El domingo 26 de enero, cientos de ciudadanos de Culiacán, Sinaloa, salieron a las calles para exigir la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, como respuesta al incremento de violencia en el estado. La manifestación, conocida como la “Marcha por la Paz”, comenzó en las inmediaciones de la Catedral de Culiacán, donde los asistentes, vestidos de blanco como símbolo de paz, exigieron acciones urgentes para restaurar la seguridad y detener la ola de criminalidad que afecta a la región.
Los manifestantes, entre los que se encontraban mujeres, hombres y niños, portaron pancartas y gritaron consignas contra el gobierno de Rocha Moya, quien es señalado por diversos sectores como responsable de la creciente violencia. La marcha también sirvió de plataforma para que familiares de personas desaparecidas exigieran el regreso de sus seres queridos. La protesta fue acompañada de amenazas de incendiar el Palacio de Gobierno si no se obtenían respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades.
El contexto de esta marcha se enmarca en un clima de tensión generado por la violencia desatada en Sinaloa, especialmente tras la reciente muerte de dos menores, Gael y Alexander Sarmiento, de 9 y 12 años, quienes fueron asesinados junto con su padre el 19 de enero en un ataque perpetrado por presuntos miembros de un grupo criminal. Los manifestantes también expresaron su descontento por la relación que algunos ciudadanos atribuyen entre el gobernador y el narcotráfico, específicamente a partir de la afirmación de Ismael “el Mayo” Zambada sobre una reunión programada con Rocha Moya antes de su captura.
La situación de violencia en Sinaloa ha escalado considerablemente desde septiembre de 2024, cuando se desató una pugna interna en el Cártel de Sinaloa tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López. Desde entonces, el estado ha registrado más de 600 homicidios, lo que ha generado un creciente malestar entre la población, que clama por un cambio en la gestión de seguridad y la renuncia de Rocha Moya.
