La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma a la Ley de Amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones. El bloque oficialista de Morena, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), consolidó su mayoría para sacar adelante la iniciativa pese a las fuertes críticas de la oposición, que acusa un “fraude parlamentario”. En Cambio Diario te trae los detalles.
Entre las abstenciones destacó la de Olga Sánchez Cordero, diputada morenista y exministra de la Suprema Corte de Justicia, quien advirtió que la redacción de la reforma “restringe el acceso a la justicia constitucional”.
El debate sobre la retroactividad vuelve al centro
Uno de los puntos más controvertidos es la cláusula de retroactividad. Aunque en principio la Cámara Baja había corregido la redacción para ajustarse al artículo 14 de la Constitución, el morenista Hugo Eric Flores propuso una modificación inspirada en las observaciones del asesor jurídico presidencial Arturo Zaldívar, que permitiría aplicar la nueva norma a actos recientes de procesos ya iniciados.
Expertos en derecho alertan que esta interpretación podría abrir la puerta a la aplicación retroactiva de la ley, mientras que los promotores de la reserva aseguran que se trata de una “ley procesal” sin efectos inconstitucionales.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El diputado panista Germán Martínez calificó la iniciativa como un “fraude parlamentario a la verdad y la justicia”, mientras que el priista Jericó Abramo Masso acusó al oficialismo de “autoritarismo” y de intentar “revivir las prácticas de control político de los años setenta y ochenta”.
El partido Movimiento Ciudadano presentó incluso un “abusómetro de Morena”, con el que denuncia que la reforma busca limitar derechos y debilitar el amparo como herramienta ciudadana frente a los abusos de autoridad.
El argumento del oficialismo: fortalecer al Estado
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió la reforma como una respuesta a las nuevas realidades del país, asegurando que busca un Estado más fuerte, transparente y con mayor acceso digital a la justicia. Según el legislador, el Poder Judicial “debe actuar con prontitud y sin obstáculos artificiales”.
Sin embargo, juristas y opositores sostienen que el oficialismo busca reducir el alcance del amparo, al restringir el “interés legítimo” y limitar la suspensión de actos reclamados, pilares del sistema de protección de derechos humanos en México.
