Un tribunal en Miami, Florida, ordenó a la familia Weinberg pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano. El fallo corresponde a una demanda por reparación del daño patrimonial en un caso de corrupción vinculado a Genaro García Luna.
Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg son señalados como socios y prestanombres de García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón habría usado su cargo y sus influencias para desviar recursos públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) promovió una demanda civil contra García Luna y sus presuntos colaboradores. La acusación señala que se usaron contratos inflados en seguridad y tecnología para desviar dinero público. Los prestanombres de García Luna facilitaron parte de ese esquema, según las investigaciones.
Esta nueva sentencia se suma a las resoluciones de mayo de 2025 contra el propio García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. En aquel fallo, se les ordenó pagar 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al Estado mexicano. Esa cantidad representa el triple del dinero que el exfuncionario habría desviado mediante contratos ilegales a empresas de su propiedad o vinculadas a él.
Con el fallo contra los Weinberg, el monto total que el Estado mexicano tiene derecho a recibir asciende a 3 mil 67 millones de dólares. La UIF explicó que la sentencia forma parte de un acuerdo legal. Los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones. Esos bienes serán liquidados para aplicar el pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
La UIF fue consultada sobre si el Estado mexicano ya ha recibido algún recurso de los 2 mil 488 millones de dólares ordenados hace un año. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte de la oficina de comunicación social de la UIF. No se precisó si esa sentencia anterior quedó en letra muerta o si ya se logró recuperar algún activo.
El procedimiento civil en Estados Unidos fue promovido desde el sexenio pasado por la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF. El objetivo fue la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado a García Luna. Según Hacienda, se presentó documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Con esas pruebas, se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos para obtener contratos públicos de manera indebida. También se demostró la posterior transferencia y ocultamiento de recursos. El fallo contra los prestanombres de García Luna refuerza la estrategia legal de México para recuperar dinero desviado por actos de corrupción.
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