Los habitantes de la ranchería Chicozapote, en la villa Ignacio Allende, mantienen bloqueados los accesos a la batería de separación Pijije de Pemex. La protesta responde a la falta de respuesta de la empresa petrolera ante múltiples demandas.
Los pobladores acusan a Pemex de mantenerlos sin solución tras recorrer oficinas sin obtener resultados. Exigen el pago por afectaciones por contaminación petrolera y por la muerte de dos personas ocurrida en diciembre pasado.
El bloqueo es una medida de presión tras meses de gestiones fallidas. Los habitantes de la ranchería Chicozapote aseguran que han viajado repetidamente a la capital del estado sin que ninguna autoridad les ofrezca una respuesta concreta.
El incidente más grave ocurrió el 15 de diciembre. Una fuerte fuga de gas en la zona provocó la muerte de Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando, de 15. Ambos eran campesinos y cuidaban ganado en la comunidad.
Según los pobladores, la fuga fue reportada desde la noche anterior. Sin embargo, ninguna autoridad de Pemex acudió a verificar la emergencia. Al día siguiente, padre e hijo se expusieron a una alta concentración de gas.
Javier y Armando murieron por inhalación del gas tóxico. Además de la tragedia humana, en la zona también murieron varias reses. Los habitantes de la ranchería Chicozapote señalan que Pemex no ha pagado ninguna indemnización por los fallecimientos.
Las familias de las víctimas esperan desde hace más de cuatro meses una compensación. La empresa petrolera tampoco ha respondido por otros daños causados por la actividad extractiva en la región.
Entre las afectaciones no resueltas están los cultivos dañados, paredes agrietadas de las viviendas y techos de lámina deteriorados. La contaminación ha afectado la calidad de vida de los habitantes de la ranchería Chicozapote, dedicados al campo y la ganadería.
Los manifestantes exigen que los funcionarios de Pemex bajen a la comunidad para negociar directamente con los afectados. Advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta obtener una solución inmediata y justa.
“Ya nos cansamos de viajar sin obtener respuesta”, dijeron los pobladores. Por eso decidieron cerrar el paso a la batería Pijije como última alternativa para ser escuchados por las autoridades petroleras.
El bloqueo afecta las operaciones de la instalación estratégica de Pemex en Centla. Hasta el momento no se ha reportado la presencia de negociadores de la empresa en la comunidad.
Los habitantes de la ranchería Chicozapote reiteraron su disposición a dialogar, pero solo si los funcionarios acuden directamente al lugar de los hechos. Exigen que se reconozca el daño causado por la fuga de gas de diciembre.
La protesta continúa mientras las familias damnificadas esperan justicia. Pemex no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre las indemnizaciones solicitadas por los deudos.
Mientras tanto, los pobladores mantienen cerrados los accesos a la batería Pijije. La exigencia es clara: pago por las dos muertes, reparación de daños materiales y atención integral a la salud de la comunidad afectada.
Los habitantes de la ranchería Chicozapote advirtieron que no cederán hasta que Pemex cumpla. La movilización refleja el hartazgo de una comunidad que se siente abandonada por las autoridades y por la empresa.
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