La Secretaría de Economía (SE) expresó su confianza en que México podrá evitar la imposición de los nuevos aranceles de Estados Unidos a México. La propuesta, presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), plantea un gravamen adicional del 10 por ciento a las importaciones mexicanas. El argumento de Washington es que México no aplica con eficacia su prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso.
El gobierno mexicano presentará argumentos en contra de los supuestos de esta investigación. La SE confía en que la propuesta se modificará tras los resultados de las mesas de discusión bilateral. Ambos países sostendrán estas reuniones en las próximas semanas, en el marco de la revisión del T-MEC. La dependencia federal dio a conocer su postura mediante un comunicado oficial.
La propuesta de Washington se dio a conocer este martes. México aparece en una lista de 14 economías, entre las que también figuran la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para todas ellas, el USTR propone un arancel adicional del 10 por ciento. Para las otras 46 economías sujetas a la investigación, el gravamen propuesto es del 12.5 por ciento. En ese segundo grupo se encuentran China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y Suiza, entre otros.
La investigación se realizó al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta vía legal permitiría al presidente Donald Trump sortear los límites arancelarios fijados por la Corte Suprema. En febrero pasado, la Corte determinó que la Casa Blanca había excedido su autoridad al recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ese intento previo buscaba imponer gravámenes generalizados a sus socios comerciales.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que el fracaso de algunos de los socios comerciales más importantes al no abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso es inaceptable. Greer añadió que esta situación obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en condiciones desiguales a escala global. Su declaración refuerza la presión para aplicar los aranceles de Estados Unidos a México.
Los nuevos gravámenes no entrarían en vigor de inmediato. El proceso contempla un periodo de 45 días para recibir comentarios y celebrar consultas con los países involucrados. Ese plazo ofrece una ventana para la negociación bilateral. La SE busca aprovechar ese tiempo para modificar la postura estadounidense.
Respecto a México, la USTR reconoció que el país publicó un acuerdo en febrero de 2023 para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Sin embargo, el organismo estadounidense concluyó que no existen evidencias de que esa norma se haya aplicado desde su entrada en vigor, en mayo de ese mismo año. La USTR señaló que la Agencia Nacional de Aduanas de México desestimó una petición recibida bajo esa medida. El proceso tuvo escasa participación de trabajadores, sindicatos y sociedad civil.
La USTR también apuntó que México carece de elementos necesarios para que una prohibición de ese tipo resulte efectiva. Entre ellos mencionó una lista pública de entidades y una presunción refutable. Pese a esas críticas, el organismo reconoció que México ha colaborado de buena fe con Estados Unidos para atender las preocupaciones sobre la implementación de dicha norma. Ese reconocimiento podría ser clave en las mesas de discusión.
La Secretaría de Economía enfatizó que el gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas. La dependencia mantiene su confianza en que la vía diplomática y técnica permitirá modificar la propuesta inicial. Las próximas semanas serán determinantes para el comercio bilateral.
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