El secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, Jorge Alberto Zavala Frías, precisó que una sanción por violencia política en Tabasco no impide que una persona sea candidata a un cargo de elección popular.
Esta aclaración surge ante la confusión generada en el ámbito político local sobre los alcances de las sanciones por violencia de género en comicios. Zavala Frías explicó que aparecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género es una medida de carácter administrativo.
Dicha inscripción no representa una limitante legal para contender en procesos electorales. El funcionario sostuvo que la sanción por violencia política en Tabasco no pone en riesgo el derecho a postularse de las personas sancionadas.
Se trata de un mecanismo previsto en la ley para quienes cometen este tipo de faltas. Sin embargo, la norma no establece un impedimento directo para participar en comicios. El tiempo de permanencia en el registro varía según la gravedad de la sanción, con periodos que pueden ir de cinco a siete años, o más, dependiendo cada caso.
Una vez que se determina la sanción, el nombre de la persona se sube al padrón nacional. La persona deberá cumplir el tiempo estipulado en el registro, pero sin perder su derecho a ser candidata. El propio procedimiento legal define la temporalidad como parte de la sanción, no como una inhabilitación total.
Zavala Frías añadió que el padrón se actualiza de manera permanente. Nuevos perfiles se suman cuando reciben una sanción, mientras que quienes ya cumplieron el tiempo son dados de baja. De cada baja se notifica de inmediato al Instituto Nacional Electoral (INE) para mantener actualizada la información a nivel nacional.
El secretario ejecutivo también informó que el IEPC ya realiza actividades sustantivas de cara al próximo proceso electoral. Dicho proceso arrancará formalmente en octubre y se espera una alta participación ciudadana. Las autoridades electorales continúan trabajando para garantizar condiciones de equidad y legalidad en los comicios.
La aclaración del IEPC busca evitar interpretaciones erróneas entre partidos políticos, aspirantes y la ciudadanía. Aunque la violencia política contra las mujeres en razón de género es una falta grave, su sanción actual no equivale a una pérdida automática de derechos políticos pasivos. La ley establece otras causales de inelegibilidad que sí impiden contender, pero esta no es una de ellas.
El registro nacional funciona como un mecanismo de transparencia y memoria institucional. Su objetivo es visibilizar a quienes han incurrido en violencia política de género, pero sin anular su capacidad de postulación. Organizaciones civiles han señalado que esta situación podría revisarse en el futuro para endurecer las consecuencias legales.
Por ahora, la posición del IEPC es clara: una sanción por violencia política en Tabasco es administrativa y temporal, no un veto electoral. La decisión final sobre candidaturas dependerá de cada partido y de los filtros internos que apliquen, siempre dentro del marco legal vigente.
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