La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, responsabilizó públicamente al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de haber diseñado el encuentro que originó los audios filtrados en los últimos días, en los que se le escucha conversar con personas que se presentaron como enlaces de autoridades estadounidenses. Durante su conferencia matutina de este 15 de julio en Tijuana, la mandataria estatal calificó el episodio como una “trampa” motivada por revancha política y vinculada a los procesos penales que su administración impulsó contra Bonilla.
El origen del encuentro grabado
Según explicó la gobernadora, todo se remonta a diciembre de 2025, cuando —tras decidir dejar atrás las diferencias con su antecesor— Bonilla le propuso reunirse con personas que, dijo, podían orientarla sobre la cancelación de su visa estadounidense, ocurrida meses antes. Ávila Olmeda relató que acudió a esa cita de buena fe, sin sospechar que los interlocutores eran falsos intermediarios y que la conversación sería grabada y posteriormente difundida en fragmentos por el periodista Héctor de Mauleón.
La gobernadora insistió en que los audios circulantes fueron editados y descontextualizados mediante cortes que alteran el sentido original de la charla, y adelantó que es probable que continúen apareciendo nuevos extractos de esa misma grabación en los próximos días.
Las acusaciones de la gobernadora contra Bonilla
En su mensaje, Ávila Olmeda desarrolló varios ejes de acusación contra su antecesor. Primero, sostuvo que fue Bonilla quien gestionó y facilitó el encuentro que derivó en la grabación, por lo que lo señaló como el autor material de la filtración. Segundo, planteó que la operación respondió a una venganza política, derivada de las denuncias penales que su gobierno promovió desde 2022 en contra del exmandatario por el contrato de la planta fotovoltaica con la empresa Next Energy, causa por la que Bonilla enfrenta actualmente proceso por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones.
Tercero, la gobernadora enmarcó el episodio como una fase más de una campaña de desprestigio que, según denunció, ha incluido señalamientos sin pruebas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, así como expresiones que autoridades electorales locales ya calificaron como violencia política de género en su contra.
Ávila Olmeda negó de manera categórica haber entregado información confidencial de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras y rechazó tener cuentas bancarias en el exterior, precisando que únicamente mantiene dos cuentas en instituciones financieras mexicanas. También aclaró que la coordinación binacional en temas de seguridad entre Baja California y California forma parte de los mecanismos institucionales propios de la franja fronteriza, y no de gestiones personales o irregulares.
Antecedentes de una disputa que escaló desde 2023
El enfrentamiento entre ambos políticos no es nuevo. Desde 2023, Bonilla ha acusado repetidamente a la gobernadora de encabezar presuntas redes de narcotráfico, calificativo que ella ha rechazado como una “rabieta” sin sustento, dirigida a desviar la atención de los procesos judiciales que enfrenta. La confrontación se intensificó en un contexto preelectoral, lo que —de acuerdo con columnistas que han seguido el caso— dificulta separar la disputa personal entre ambos políticos de la pugna interna que se libra en Baja California.
Marina del Pilar acusa a Bonilla de filtrar audios, tensión en el estado
Hasta el momento, Jaime Bonilla no ha respondido públicamente a las acusaciones ni se ha presentado evidencia que confirme su participación directa en la grabación o en la filtración, por lo que la versión difundida corresponde, por ahora, únicamente al relato expuesto por la gobernadora. A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso de Baja California es distinto al de otros episodios similares en otras entidades y pidió que, de ser necesario, se investigue. En el plano legislativo, se han sumado recomendaciones para que la gobernadora presente una denuncia formal por posible espionaje derivado de la intervención de comunicaciones telefónicas, acción legal que la propia mandataria dijo estar evaluando sin precisar aún qué figura jurídica utilizaría.
