Un grupo de trece exfuncionarios panistas, encabezado por el expresidente Vicente Fox, se reunió el jueves en Guadalajara, Jalisco, para anunciar un frente político en respaldo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien calificaron como “preso político”. Fox y 12 exgobernadores del PAN respaldan a Ruffo Appel cuatro días después de que una jueza federal lo vinculara a proceso por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Fox y 12 exgobernadores del PAN respaldan a Ruffo Appel, trece firmas y un reclamo común
El posicionamiento conjunto, firmado por Fox y por los exgobernadores Carlos Medina Plascencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Marcelo de los Santos, Marco Antonio Adame Castillo, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola, Emilio González Márquez y José Guadalupe Osuna Millán, exige que Ruffo Appel enfrente su proceso penal bajo arraigo domiciliario y no en un penal de máxima seguridad.
En la conferencia de prensa, realizada físicamente por Fox junto con los también exgobernadores Ramírez Acuña, Cárdenas Jiménez, Romero Hicks y Márquez Márquez, el expresidente sostuvo que arriesga su propia credibilidad para avalar la honestidad de Ruffo, a quien describió con la expresión “meto las manos al fuego”. El grupo argumentó que los 74 años de edad del exmandatario bajacaliforniano, sumados a su delicado estado de salud, justifican que continúe el proceso fuera de una prisión federal.
Fox fue más allá al cuestionar la actuación del Poder Judicial, al que llamó despectivamente “Poder Patito”, y llegó a comparar la reclusión de Ruffo con la del expresidente sudafricano Nelson Mandela. Por su parte, Cárdenas Jiménez fue el más directo al sostener que el caso forma parte de una estrategia rumbo a las elecciones de 2027 y que al exgobernador se le pretende usar como “escudo” para desviar la atención de otras irregularidades.
El origen del caso: un megadecomiso en Coahuila
La causa penal contra Ruffo Appel no comenzó con su detención, ocurrida el 16 de julio en Ensenada, sino meses atrás, cuando autoridades federales aseguraron 129 carrotanques con alrededor de 15.4 millones de litros de combustible en Coahuila. Esa operación llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar a Ingemar, empresa de la que Ruffo es señalado como accionista mayoritario, dentro de un esquema que las autoridades denominan “huachicol fiscal”.
Según reconstrucciones periodísticas del caso, la red habría operado comprando combustible en refinerías de Texas para después cruzarlo por aduanas de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, declarando volúmenes muy inferiores a los realmente transportados: mientras cada carrotanque tiene capacidad para 110 mil litros, la red habría reportado cifras cercanas a los 10 mil. La FGR calcula que el esquema generó un perjuicio al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
Vinculación a proceso tras una audiencia maratónica
Tras una audiencia que se extendió por más de 30 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó el 23 de julio que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel junto con otras siete personas. La resolución judicial distingue distintos grados de responsabilidad entre los ocho imputados: al exgobernador se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, al igual que a otros dos coacusados, mientras que el resto enfrenta combinaciones distintas de esos mismos cargos.
La jueza ordenó que Ruffo Appel permanezca en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, adonde había sido trasladado días antes, junto con otros cuatro procesados, mientras que dos de los implicados fueron enviados a arraigo domiciliario por motivos de salud y una mujer vinculada al caso continúa recluida en un centro distinto.
La versión de la fiscalía frente a la defensa
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, calificó la red como la más grande de contrabando de combustible detectada hasta el momento y rechazó que exista un sesgo político en la investigación, al señalar que las indagatorias llevan más de un año documentándose con dictámenes periciales, financieros, fiscales y aduaneros.
Antes de su detención, Ruffo había sostenido públicamente que Ingemar únicamente se limitaba a lo declarado en aduana y que la empresa no tenía relación con el decomiso realizado en Coahuila, por lo que insistió en que cualquier irregularidad debía investigarse en el punto aduanero y no en la compañía. La FGR, en cambio, lo ubica como pieza central del esquema de importación y comercialización ilegal de combustible.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los señalamientos del frente panista y recomendó a Fox “no quemarse” por defender al exfuncionario, al insistir en que no existe persecución política y que el caso se sostiene en evidencia documentada desde 2025.
Un caso con peso simbólico dentro del PAN
Ruffo Appel ocupa un lugar particular en la historia política mexicana: en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición electo en el país tras décadas de hegemonía priista, lo que explica en buena medida la fuerza con la que el PAN ha cerrado filas en torno a su caso. A la disputa legal se suma un episodio adicional: días antes de conocerse la vinculación a proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas relacionadas con el exgobernador, y su hija, Verónica Ruffo, acudió a la embajada de Estados Unidos en México para pedir protección, al denunciar hostigamiento por haber salido en defensa pública de su padre.
Con el frente ya constituido, el caso de Ruffo Appel se perfila como un punto de fricción adicional entre el gobierno federal y la oposición panista, en un litigio que combina el terreno estrictamente judicial, contrabando de hidrocarburos y crimen organizado, con una narrativa política que empieza a proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.
