CÁBALA

Daniel Castro Jiménez

Desde mis inicios como reportero allá por 1979, la regulación oficial en materia de libertad de prensa por parte de los gobiernos establecidos, ha sido una constante y permanente lucha entre el poder y los medios de comunicación.

Aún con la división que el gremio periodístico mantiene desde hace muchos años, las intenciones de regular estas libertades genera siempre un bloque de resistencia natural cada vez que se abre debate.

Después de varios intentos por regular las redes sociales en materia de prensa y aún con las adecuaciones anticonstitucionales que organismos como el INE está aplicando contra periodistas – sin olvidar el nuevo sistema penal acusatorio-, toca a los concesionarios de la radio y la televisión, atravesar su odisea.

Nos referimos desde luego a la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que la 4T presentó para el regreso a la palestra de la ex dirigente de Morena Luisa María Alcalde Luján.

El argumento oficial es fortalecer el derecho a recibir información veraz, distinguir noticias, opinión y publicidad, y contar con mecanismos para defender los derechos de las audiencias, dirigidas a los más de un mil doscientos concesionarios de radio y televisión en el país.

Enfrentada la 4T con la mayoría de concesionarios, el debate abrió interrogantes desde luego relacionada con la conexión que muchas radiodifusoras y televisoras, mantiene hoy en día con las “benditas redes sociales”.

El internet, es su “plus”.

El riesgo para los que saben del tema, es que la 4T aplique una vigilancia editorial con rostro de defensoría ciudadana, actualizando una ley instaurada desde el 2013, con multas encaminadas a generar “AUTOCENSURA”.

Las sanciones por las presuntas faltas informativas excesivas, al representar el uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario coloca el pie en el cuello a la libertad de expresión. La amenaza de sanción por si sola, generaría un efecto de autocensura pues.

Artículo 19, estableció que esta nueva legislación, podría incrementar las denuncias oir abuso del poder público como mecanismo de hostigamiento contra la prensa que en 2025 registró más de 153 demandas.

En este marco, el Gobierno de la República abrió una consulta pública para que durante los próximos 20 días se presenten inquietudes por parte de concesionarios , al advertir posibles riesgos para la libertad de expresión.

Veremos.

Kybalión.- En cuando menos 15 municipios, cuadros políticos de Morena observan “dados cargados” en Tabasco, para que las encuestas arrojen a ganadores de un mismo grupo político.

La desbandada en Morena, viene en cascada. Por lo que se observa PT y PVEM serán los gananciosos.

MC padece del mismo mal, ya hay prospectos “palomeados”.