Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., fue detenida en la Ciudad de México por su presunta relación con una red dedicada al contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.
La empresa está vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien también enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada y contrabando.
Capturan a Guadalupe “N” en la alcaldía Miguel Hidalgo
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Guadalupe “N” fue localizada en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo.
La detención fue realizada por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento de una orden solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Posteriormente, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.
Suman nueve detenidos por el caso
Con la captura de Guadalupe “N”, suman nueve personas detenidas por esta investigación. Ocho de ellas ya fueron vinculadas a proceso, según la FGR.
Entre los implicados se encuentra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y socio minoritario de Ingemar.
La Fiscalía sostiene que la empresa habría formado parte de una estructura utilizada para ingresar combustible ilegalmente al país, declarar cantidades menores a las transportadas y presentar los cargamentos como productos diferentes para evadir impuestos.
Investigación comenzó con ferrotanques en Coahuila
Las investigaciones avanzaron después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, durante julio de 2025.
Los análisis realizados a los cargamentos confirmaron la presencia de hidrocarburos. A partir de ese aseguramiento, las autoridades identificaron una presunta red integrada por empresas, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros.
Guadalupe Hernández Hinojosa fue designada directora general ejecutiva y apoderada legal de Ingemar en marzo de 2026, meses antes de las detenciones relacionadas con el caso.
La captura no determina su culpabilidad. Corresponderá a un juez valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y resolver su situación legal.
