La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este domingo que, de enero a junio, aplicó sanción a 226 servidores públicos federales en 2026 con nivel de mando por faltas administrativas no graves. Las medidas van de amonestaciones públicas y privadas hasta destituciones.
La dependencia señaló que violar la ley tiene consecuencias. De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de 2026, también remitió 416 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Las 226 sanciones derivaron de 252 expedientes por investigaciones de faltas no graves. De ellos, 242 fueron por incumplimiento de las funciones encomendadas, nueve por abuso de cargo y una por abuso de funciones relacionadas con acoso u hostigamiento sexual o laboral.
¿En qué consistieron las sanciones a los 226 servidores públicos?
La dependencia, encabezada por la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que las sanciones consistieron en 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones.
Las personas sancionadas ocupaban 10 cargos de titular de unidad, ocho de dirección general, 45 de dirección de área, 33 de subdirección y 130 de jefatura de departamento.
Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Por ello, una persona servidora pública puede recibir más de una sanción. Además, tiene derecho a impugnar la resolución y, en caso de hacerlo, la secretaría defenderá con firmeza la pena.
La sanción a 226 servidores públicos federales en 2026 se basó en estos 252 expedientes de faltas no graves investigadas durante el primer semestre.
¿Cuántos expedientes por faltas graves se remitieron?
Además de las sanciones por faltas no graves, la secretaría remitió 416 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estos casos quedan pendientes de resolución por parte de ese órgano.
El reporte del segundo trimestre de 2026 concentra tanto las sanciones ya aplicadas como los expedientes enviados al tribunal. La mayoría de las faltas no graves se relacionaron con el incumplimiento de las funciones encomendadas.
Solo nueve casos correspondieron a abuso de cargo y uno a abuso de funciones vinculadas con acoso u hostigamiento sexual o laboral. Las sanciones se distribuyeron entre suspensiones, inhabilitaciones, amonestaciones y destituciones.
Los servidores sancionados ocupaban puestos de mando medios y superiores. Destacan 130 jefaturas de departamento, seguidas de 45 direcciones de área y 33 subdirecciones.
¿Qué criterios se aplicaron para imponer las sanciones?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno explicó que las medidas se emitieron conforme a la ley. Se consideraron los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta en cada caso.
Una misma persona puede recibir más de una sanción. Al mismo tiempo, tiene derecho a impugnar la resolución. En esos casos, la secretaría defenderá con firmeza la pena impuesta.
El informe cubre el periodo de enero a junio de 2026. Durante ese lapso se investigaron 252 expedientes de faltas no graves que derivaron en las 226 sanciones.
La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez encabeza la dependencia que aplica estas medidas. El objetivo es hacer valer las consecuencias de violar la ley en el servicio público federal.
La sanción a 226 servidores públicos federales en 2026 incluye cinco destituciones, que representan la medida más severa aplicada en este grupo de faltas no graves. Las 149 suspensiones constituyen el tipo de sanción más frecuente.
Las 55 inhabilitaciones y las 43 amonestaciones completan el conjunto de medidas. Los cargos sancionados abarcan desde jefaturas de departamento hasta titulares de unidad.
El envío de 416 expedientes por faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa permite que esos casos se resuelvan en la instancia correspondiente. La secretaría se limita a la investigación y remisión de esos expedientes.
La mayoría de las investigaciones por faltas no graves se centró en el incumplimiento de las funciones encomendadas. Ese tipo de conducta generó 242 de los 252 expedientes.
Los casos de abuso de cargo y de abuso de funciones con elementos de acoso o hostigamiento fueron menos numerosos. En total sumaron diez expedientes.
La dependencia mantiene el criterio de proporcionalidad al imponer cada sanción. El derecho a la impugnación queda abierto para los servidores afectados.
El reporte del segundo trimestre de 2026 ofrece un panorama de las acciones disciplinarias aplicadas en el gobierno federal. La sanción a 226 servidores públicos federales en 2026 forma parte de ese registro oficial.
La información se difundió mediante un comunicado de la secretaría. En él se detallan tanto las sanciones como los expedientes remitidos al tribunal.
Los 130 jefes de departamento representan el grupo más numeroso entre los sancionados. Les siguen las 45 direcciones de área y las 33 subdirecciones.
Los 10 titulares de unidad y los ocho directores generales completan la lista de cargos de mando afectados. Todas las medidas se aplicaron de acuerdo con la gravedad de cada falta.
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