La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que los casos recientes de corrupción en la DEA demuestran que Estados Unidos también debe atender sus propias responsabilidades en el combate al narcotráfico. Lo señaló en su conferencia matutina en Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre si Washington hace su parte en la cooperación de seguridad.
La mandataria insistió en que ese país tiene una tarea importante en su territorio y no solo mencionar a México. En ese marco remitió a detenciones de agentes de la Administración para el Control de Drogas por corrupción.
Sheinbaum enumeró pendientes que, según su gobierno, corresponden al lado estadounidense: el consumo interno que sostiene el mercado, la distribución y el lavado de dinero en su territorio, y la producción de metanfetamina. También destacó que el trasiego de fentanilo desde México se redujo en más del 70 por ciento, según el reconocimiento de las propias autoridades estadounidenses.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre la corrupción en la DEA?
La jefa del Ejecutivo no se limitó a devolver el señalamiento. Recordó que allá hay más consumo y, por tanto, más distribución y lavado. Aludió además a la producción de metanfetamina en Estados Unidos, tan visible que incluso inspiró una serie de televisión.
También destacó un documento reciente de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. Según Sheinbaum, en ese texto Estados Unidos reconoce por primera vez la necesidad de atender el consumo como política nacional de salud pública.
El mensaje encaja en la doctrina que ha sostenido desde el inicio de su gobierno: corresponsabilidad, no unilateralidad. México decomisa, detiene y entrega capos. Washington, según esa tesis, debe cortar demanda, armas, precursores financieros y la corrupción en sus propias agencias.
¿Cuáles son los casos que dan cuerpo al argumento?
Sheinbaum no detalló nombres en la mañanera de este martes, pero el expediente público de la DEA ofrece ejemplos concretos. Uno de ellos es el del supervisor Meliton Cordero, detenido en febrero y acusado por el Departamento de Justicia de conspiración, sobornos y fraude de visas. Según la fiscalía estadounidense, habría recibido unos 7 mil dólares en sobornos.
Otro antecedente que el propio gobierno mexicano ha citado es el de Nicholas Palmeri, exdirector regional de la DEA para México, Centroamérica y Canadá. Fue apartado en 2022 tras una investigación interna por contactos impropios con abogados de narcotraficantes. En julio, Sheinbaum preguntó en voz alta qué había pasado con esa persona que estaba en México y a la que acusaron de andar en fiestas con narcos.
En agosto, el inspector general del Departamento de Justicia anunció una revisión de prácticas de la DEA que habrían permitido que cargamentos de fentanilo siguieran su ruta para fortalecer investigaciones. Esa técnica de vigilancia ha sido cuestionada en México y en sectores de Washington por el riesgo de que la droga llegue al mercado.
Ninguno de estos casos equivale a que la agencia como institución esté capturada. Sí ilustran lo que Sheinbaum quiere subrayar: la corrupción no es un monopolio mexicano, y una agencia que señala a funcionarios al sur de la frontera también tiene filas que limpiar.
¿Cómo influye la cooperación tensa entre México y Estados Unidos?
Las declaraciones ocurren días después de un roce mediático. El 4 de septiembre, Omar García Harfuch anunció el hallazgo de un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados en Corralejo, Sinaloa, con más de 16 toneladas de metanfetamina. La DEA respondió en redes que el desmantelamiento de ocho laboratorios en poco más de una semana no habría sido posible sin su inteligencia, y etiquetó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia. Los comunicados mexicanos no nombraron a la agencia.
Ese pulso resume la relación actual: hay intercambio de información y operativos conjuntos, pero México insiste en soberanía y en no aparecer como apéndice de la DEA. En casi dos años de gobierno, las autoridades mexicanas reportan decenas de miles de detenciones, miles de laboratorios destruidos, cientos de toneladas decomisadas y el traslado de 92 presuntos líderes a custodia estadounidense.
Estados Unidos, a su vez, ha reconocido decomisos y entregas, pero exige más contra el fentanilo, el crimen organizado y la corrupción institucional en México. Acusaciones federales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mantienen abierta la herida de la narcopolítica. Sheinbaum ha respondido que, sin pruebas claras entregadas a la Fiscalía mexicana, el objetivo puede ser político.
¿Qué busca México con esta recíproca?
El planteamiento de este martes es, en esencia, una recíproca. Si la DEA y el Departamento de Justicia hablan de funcionarios mexicanos corruptos, México señala agentes estadounidenses detenidos, laboratorios de metanfetamina al norte, lavado en el sistema financiero más grande del mundo y un mercado de consumidores que ninguna incautación en Sinaloa apaga por sí sola.
El dato del fentanilo busca mostrar resultados. El de Sara Carter busca aliados en Washington que hablen de salud pública y no solo de guerra. El de la corrupción en la DEA busca simetría moral: nadie puede exigir limpieza ajena sin exhibir la propia.
Queda por ver si el Congreso estadounidense, la ONDCP y la propia DEA responden con números comparables de consumo, decomisos internos y sanciones a sus agentes, o si el diálogo bilateral seguirá siendo un intercambio de señalamientos. Sheinbaum dejó claro este martes cuál es su tesis: el narco no termina en la frontera, y la responsabilidad tampoco.
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