Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings, la alerta que cruza oficinas de gobierno, juntas de gobierno empresarial y salas de guerra. Detrás de la advertencia late una economía que intenta avanzar mientras carga con un modelo energético que no termina de asentarse y que con cada día que pasa sin acercarse a los objetivos propuestos se vuelve más caro.
Un país que camina con el freno de mano puesto
Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings cada vez que revisa la calificación de México y se topa con el mismo muro: un sector petrolero y eléctrico que exige recursos constantes del presupuesto, pero que no obtiene el impulso que se espera. Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en el centro de esa tensión, con deuda alta, proyectos costosos y una producción que ya no cubre con holgura las expectativas fiscales de hace una década. Cada peso que Hacienda destina a sostener a la empresa del Estado mexicano es un peso menos para infraestructura, innovación y políticas industriales que podrían disparar nuevas ramas productivas. La situación se vuelve peor al considerar que Pemex se supone es el motor del país, el encargado de poner los recursos para todo ello.
CFE, respaldada por el Estado, pero a qué costo
En el lado eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene como columna vertebral del sistema, con respaldo irrestricto del gobierno y calificaciones que incorporan la idea de que el Estado no la dejará caer. Ese soporte, sin embargo, no es gratis. Requiere transferencias periódicas, garantías y decisiones de inversión que muchas veces siguen criterios políticos. La expansión de la red, la modernización de plantas y la entrada de más renovables compiten con la necesidad de mantener tarifas contenidas para hogares y empresas, un equilibrio que suele resolverse con más presión sobre las finanzas públicas.
Regulación concentrada y señales confusas para los inversores
El diseño institucional actual refuerza el papel del Estado como árbitro y jugador al mismo tiempo. La Secretaría de Energía (SENER) concentra facultades que antes estaban repartidas entre órganos reguladores con mayor autonomía, lo que envía señales contradictorias a los inversionistas privados. Autorizaciones que tardan, cambios de criterio sobre contratos y ajustes en reglas del mercado eléctrico hacen que las empresas duden en comprometer capital a 20 o 30 años. El resultado es una inversión privada que llega a cuentagotas, sobre todo en proyectos renovables y de infraestructura de transmisión.
Efecto dominó en empleo, industria y nearshoring
Cuando la energía se vuelve un factor incierto, la industria resiente el golpe. Costos eléctricos menos competitivos, dudas sobre la estabilidad del suministro y cuellos de botella en gas y líneas de transmisión pesan en las decisiones de plantas manufactureras que miran a México como posible destino de nearshoring. Algunos proyectos llegan, otros se quedan a medio camino o migran a lugares donde la combinación de tarifas, regulación y seguridad del suministro luce más clara. Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings también por esa vía: fábricas que no se instalan, empleos que no se crean y cadenas de valor que toman otros rumbos.
Un modelo que requiere ajustes según Fitch Ratings
La apuesta por un modelo eminentemente estatal en petróleo y electricidad responde a una idea clara de soberanía y control. Pero ese diseño choca con la necesidad de capital fresco, tecnología y velocidad de ejecución que suele aportar la inversión privada. El presupuesto intenta cubrirlo todo: rescatar a la petrolera, sostener a la empresa eléctrica, extender redes, subsidiar tarifas y, al mismo tiempo, cumplir metas de déficit acotado. En esa tensión se diluye el margen para que la energía sea un motor de desarrollo y no un peso que arrastra al resto de la economía. El reto no es menor: desmontar inercias sin provocar un apagón financiero ni energético.
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