La sesión en el Congreso de la Ciudad de México inició con un tono cargado cuando el diputado Paulo Emilio García González, de Morena, subió a tribuna con un fajo de documentos y capturas de pantalla que dijo provenir de grupos de mensajería de comerciantes ambulantes. Frente al pleno, acusó directamente a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y al edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, de participar en la organización de la manifestación del 15 de noviembre convocada por el autonombrado movimiento “Generación Z”.
Según García, las pruebas muestran que no se trató solo de apoyo político a distancia, sino de una operación en la que estructuras de comercio en vía pública habrían sido utilizadas para movilizar personas hacia la protesta en el Zócalo. En ese contexto, el diputado sostuvo que la participación de ambos alcaldes rebasó el terreno del acompañamiento político y podría configurar un uso indebido de recursos y cargos públicos. Congresistas de Morena piden destitución de alcaldes no solo como gesto simbólico, sino como una señal de que la capital no tolerará que los conflictos partidistas se diriman en la calle con operadores y grupos de presión.
La ruta de los comerciantes y los chats de WhatsApp
En tribuna, García describió una cadena de mensajes atribuidos a una delegada identificada como “Vero”, quien habría convocado a comerciantes a reunirse a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, vestidos con playeras negras y cubrebocas, dos personas por puesto. El legislador ironizó sobre la capacidad de convocatoria del movimiento, al señalar que esa logística revelaría una base social menos espontánea y más empujada por compromisos previos con autoridades delegacionales.
De acuerdo con los mensajes expuestos, se pidió que las mujeres acudieran con playera blanca y que solo los hombres usaran color negro, además de excluir a personas adultas mayores y a niños para no “entorpecer” el operativo. En otra parte de la reconstrucción, el diputado relató que los puntos de encuentro se movieron hacia Insurgentes y Reforma, donde varios ambulantes respondieron con un simple “enterado”, lo que, a su juicio, demostraría presión desde estructuras vinculadas a la Alcaldía Cuauhtémoc para que participaran contra su voluntad en una movilización que terminó en episodios de violencia en el Zócalo. Dentro de esta narrativa, el nombre de Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI capitalino, apareció como supuesto operador cercano a la alcaldesa, con vínculos familiares que refuerzan el peso político de su organización.
En ese mismo bloque de señalamientos, el diputado mencionó a figuras de la oposición como la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el panista Mauricio Tabe, a quienes colocó en el centro de un entramado donde convergen liderazgos de comerciantes, operadores priistas y estructuras panistas en distintas alcaldías.
Miguel Hidalgo bajo la lupa y el papel de Tabe
La ofensiva de Morena no se limitó a la Alcaldía Cuauhtémoc. García González colocó también a Miguel Hidalgo en el foco al señalar que Mauricio Tabe habría influido en la logística de la marcha a través de exfuncionarios y operadores territoriales. Uno de los nombres que destacó fue el de Roberto Arceo Trujillo, exsubdirector de la alcaldía y líder de comerciantes, a quien acusó de coordinar en campo a grupos que presuntamente buscaron escalar las tensiones con la policía capitalina.
El diputado habló de presencia de estos operadores en la zona de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, describiendo escenas en las que se habrían dado instrucciones para generar choques con la fuerza pública y aprovechar la cobertura de la manifestación juvenil. Según esa versión, la frontera entre protesta legítima y acción organizada para generar violencia se habría desdibujado deliberadamente, con responsabilidad directa de estructuras políticas opositoras. En paralelo, tanto la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega como el alcalde Mauricio Tabe han negado públicamente estos señalamientos y los han atribuido a una estrategia de Morena para debilitarlos en pleno clima de confrontación política en la capital.
Señalamientos de financiamiento y presión política
El debate escaló cuando, fuera del Congreso local pero en la misma narrativa, el senador morenista Adán Augusto López sostuvo que la movilización de la “Generación Z” no fue orgánica, sino orquestada desde meses antes con apoyo de figuras de la oposición. En una conferencia de prensa, acusó que el empresario Claudio X. González, junto con Mauricio Tabe y otros actores como Roberto Madrazo, participaron no solo en la organización, sino también en el financiamiento de la marcha del 15 de noviembre.
Estas declaraciones reforzaron la idea, dentro de Morena, de que la protesta en el Zócalo respondió a una estrategia amplia de confrontación con el gobierno federal y con la presidenta Claudia Sheinbaum, más que a una expresión ciudadana espontánea. El señalamiento de financiamiento privado y de redes partidistas operando detrás del movimiento se convirtió en uno de los ejes del reclamo político: si la marcha fue diseñada desde cúpulas empresariales y políticas, argumentan, la consecuencia lógica sería revisar el uso de recursos, la posible coacción a comerciantes y la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos.
Congresistas de Morena piden destitución de alcaldes y reacciones
En el punto culminante de su intervención, García González solicitó que el Congreso de la Ciudad de México exhortara a la separación temporal del cargo de ambos alcaldes, mientras las autoridades investigan los disturbios en el Zócalo y la supuesta coacción de comerciantes. Congresistas de Morena piden destitución de alcaldes como parte de un acuerdo político que incluye también la petición de que la Fiscalía capitalina abra investigaciones formales por los actos de violencia y el eventual uso de recursos públicos.
El planteamiento dividió al pleno: mientras la bancada oficialista cerró filas detrás de la narrativa de infiltrados y operadores financiados, legisladores de oposición acusaron una criminalización de la protesta y acusaciones sin sustento sólido en expedientes judiciales. En el terreno público, tanto Alessandra Rojo de la Vega como Mauricio Tabe han utilizado sus propias plataformas políticas y digitales para responder a las acusaciones, denunciar una embestida en su contra y presentarse como blanco de un castigo político por confrontar al gobierno.
En medio de esta disputa, el caso no solo expone las tensiones entre Morena y los gobiernos de oposición en la capital, sino también la fragilidad de la línea que separa la movilización social de la operación política cuando entran al juego liderazgos de comerciantes, operadores territoriales y figuras empresariales.
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