La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó la culpabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho por los delitos de homicidio y lesiones culposas en el accidente del Tren Interoceánico. El siniestro ocurrió a finales de diciembre pasado y dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó mediante un videomensaje en redes sociales que la empresa ferroviaria decidió otorgar el perdón de parte ofendida por el delito de daño en bienes. Esto se debió a que no hubo problemas con la obra.
La fiscalía descartó el ilícito de ataques a las vías generales de comunicación. Los dictámenes periciales en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial demostraron que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplían con la normativa vigente en el punto del siniestro.
Las diligencias ministeriales de topografía y seguridad industrial también corroboraron que la calidad de los elementos de la vía, así como las condiciones de las locomotoras y vagones, se ajustaban a la normativa aplicable. Esto fue clave en la investigación del accidente del Tren Interoceánico.
Godoy Ramos señaló que las víctimas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa. Esto implicó la firma de acuerdos reparatorios con los responsables.
Hasta ahora, 145 personas han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño. De ellas, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. Este acuerdo genera la consecuente extinción de la acción penal.
El gobierno federal informó que concluyó el proceso de reparación integral a las familias de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico. El 100 por ciento de las personas que iniciaron este proceso han sido atendidas.
Por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalaron públicamente los montos erogados. Las autoridades afirmaron que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral. En cada caso se garantizó proporcionalidad, suficiencia y dignidad.
Respecto a los delitos de uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, la FGR también los descartó. La decisión se basó en la información proporcionada por la empresa ferroviaria y en el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, se revisaron otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación concluidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estos documentos abarcan 41 contratos públicos relacionados con la vía, la adquisición del material rodante y el mantenimiento. En todos los casos no hubo observaciones penales que denunciar.
La FGR aseguró que llevó a cabo todos los trabajos necesarios para concluir la investigación. En todo momento se privilegió la protección de las víctimas y los ofendidos, cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales.
Mantente actualizado con las noticias más relevantes en En Cambio Diario.
