El impacto económico de la violencia en México durante 2024 ascendió a 4.5 billones de pesos, lo que equivale al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025, presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Esta cifra representa una fuerte presión sobre la economía del país y, según los especialistas, un reflejo de las deficiencias estructurales en materia de seguridad y justicia.
Carlos Juárez Cruz, director del IEP en México, explicó que, aunque el impacto económico de la violencia no ha crecido desde 2019, la carga financiera sigue siendo sumamente alta. “En términos per cápita, a cada mexicana y mexicano nos costó 33 mil 900 pesos la violencia en 2024, más que el salario promedio de un trabajador en el país”, advirtió el especialista durante la presentación del informe.
Reducción en gasto público, pese a crisis de seguridad
El estudio también subraya un dato preocupante: el recorte sostenido en la inversión pública destinada a la seguridad y al sistema judicial. Según Juárez Cruz, en la última década el gasto en seguridad pública ha disminuido un 30%, mientras que el destinado al sistema de justicia se ha reducido un 12%.
“Si el principal problema en México está relacionado con la falta de acceso a la justicia, no tiene sentido que estemos invirtiendo cada vez menos en su fortalecimiento”, afirmó el director del IEP. “Reducir el presupuesto a estas áreas clave es contraproducente si queremos disminuir la violencia de manera estructural”.
Crimen organizado y feminicidios, en aumento
El reporte expone también un preocupante crecimiento de la violencia ligada al crimen organizado. Desde 2007, los homicidios atribuibles a grupos criminales se han multiplicado por seis, pasando de 3 mil casos anuales a cerca de 18 mil en 2024.
Asimismo, los feminicidios casi se duplicaron en la última década. En 2015 se registraron 428 casos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó las 829 víctimas, lo que representa un aumento del 93.7%.
El Índice de Paz México 2025 sostiene que es urgente reequilibrar el gasto público, priorizando la construcción de instituciones sólidas, el fortalecimiento de los sistemas de procuración e impartición de justicia y una estrategia clara de seguridad pública.
“Apostar por una paz duradera implica ir más allá del despliegue militar y apostar por el acceso real a la justicia para todos los ciudadanos”, concluyó Juárez Cruz, quien instó al gobierno federal y a los estados a reconsiderar sus prioridades presupuestales si desean reducir los costos humanos y económicos que la violencia impone a México año tras año.