En Cambio Diario informa que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para imputar formalmente a Emilio Zebadúa González por enriquecimiento ilícito, tras ocho años de investigación en el caso de la llamada “Estafa Maestra”. Esta acción marca una nueva etapa en el proceso judicial contra el exfuncionario.
Antecedentes del caso
La FGR decidió retomar el proceso contra Emilio Zebadúa González, quien fue ex oficial Mayor de la Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se le acusa de liderar el mecanismo de desvío de recursos conocido como la “Estafa Maestra”, por más de 5 mil millones de pesos.
Desde hace años, Zebadúa fue considerado testigo colaborador en la investigación contra Rosario Robles, quien fue absuelta tras apelaciones y resoluciones judiciales.
Acción más reciente de la FGR
En agosto de 2025, después de ocho años de indagación, la FGR solicitó al sistema judicial federal una audiencia para imputar a Emilio Zebadúa por enriquecimiento ilícito y pedir su vinculación a proceso.
La acción penal fue ejercida ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, sin que hasta ahora se haya fijado la fecha de audiencia.
Investigación administrativa paralela
Por separado, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) inició una investigación administrativa contra Zebadúa. La acusación se basa en inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales e intereses del año 2018, donde ocultó un incremento injustificado en su patrimonio por casi 900 mil pesos.
Se publicó un edicto en el Diario Oficial de la Federación que lo emplazó a comparecer en una audiencia, la cual se fijará dentro de los 30 días hábiles posteriores a la tercera publicación del mencionado edicto.
Evolución del proceso judicial
Aunque Zebadúa buscó frenar procedimientos judiciales gracias a suspensiones, finalmente en 2020 acudió voluntariamente a la FGR para declarar como parte de un criterio de oportunidad. En su testimonio mencionó uso de recursos para campañas políticas y del PRI, lo que permitió generar órdenes de aprehensión contra otros implicados.
La nueva etapa implica que la FGR ahora lo busca imputar formalmente por enriquecimiento ilícito, lo que podría derivar en su vinculación a proceso y posible prisión preventiva justificada, aunque no es automática por tratarse de hechos ocurridos antes de la exigencia legal para prisión preventiva oficiosa.
