En Cambio Diario te trae la información del asesinato de una mujer transgénero en Jonuta Tabasco, que ha generado indignación y protestas de colectivos LGBTQ+, exigiendo justicia y demandando que el crimen sea investigado con perspectiva de género. La víctima, identificada como Monserrat “La Monse” Martínez, fue atacada a balazos en una cantina del municipio, lo que encendió la alarma sobre la violencia que enfrenta la comunidad trans en el estado.
Reacción inmediata de los colectivos
Organizaciones defensoras de la diversidad sexual condenaron públicamente el asesinato de una mujer transgénero en Jonuta Tabasco . Señalaron que se trata de un transfeminicidio y que las autoridades deben tipificarlo como tal. Activistas recalcaron que este caso no debe ser minimizado como un delito común, sino investigado como un crimen de odio que refleja la vulnerabilidad de la población trans en Tabasco.
Asesinato de una mujer transgénero en Jonuta Tabasco y el contexto de violencia
Este hecho ocurre apenas meses después del transfeminicidio de Khloe Susan en Tacotalpa, lo que refleja un patrón preocupante. Este asesinato se suma a una serie de ataques que, según colectivos, evidencian la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades. La ausencia de justicia en casos anteriores aumenta la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar seguridad e igualdad.
Demandas de justicia y tipificación legal
Los colectivos hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado para que el asesinato de una mujer transgénero en Jonuta Tabasco sea investigado con perspectiva de género. Exigen que se reconozca como transfeminicidio y que no quede en la impunidad, como ha sucedido con otros casos reportados en los últimos años. La tipificación correcta, señalan, es esencial para sentar un precedente y garantizar los derechos de la comunidad trans.
Consecuencias sociales y comunitarias
Este asesinato no solo afecta a los familiares y amigos de la víctima, sino que también genera temor en toda la comunidad LGBTQ+. Activistas advierten que la violencia y la impunidad debilitan el tejido social y frenan los avances en materia de derechos humanos. Además, remarcaron que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y garantizar un entorno libre de violencia.
