El gobierno federal ha recuperado 1,126 concesiones mineras recuperadas durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, devolviendo al control estatal 889,512 hectáreas que estaban en manos privadas. Esta cifra representa un avance significativo en la política de revisión del sector extractivo, enfocada en eliminar la especulación y fortalecer el control administrativo de los proyectos mineros en México.
Magnitud de la recuperación de concesiones mineras
La superficie recuperada equivale a la extensión territorial combinada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o comparada con el tamaño completo de Querétaro. Para dimensionar esta cifra, José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, explicó que estas 889,512 hectáreas representan casi el 6.6 por ciento de toda la superficie concesionada a la minería hace más de un año.
De las 1,126 concesiones recuperadas, 713 se encontraban ubicadas dentro de áreas naturales protegidas, lo que significa que aproximadamente el 63 por ciento del total estaba en zonas que requieren especial cuidado ambiental. Esto demuestra que la política de recuperación no solo busca fortalecer la administración estatal, sino también proteger los ecosistemas mexicanos de actividades extractivas especulativas.
Principales causas de cancelación y aplicación de ley
Las cancelaciones de concesiones mineras se han sustentado principalmente en incumplimientos legales. La falta de pago de derechos mineros representa la causa más frecuente: según la ley, si existe un retraso de dos años en estos pagos, la concesión puede ser cancelada automáticamente. Además, muchas empresas omitieron presentar informes técnicos, estadísticos y de obras, documentos fundamentales para demostrar actividad real en los proyectos.
Aboitiz Saro precisó que aproximadamente el 90 por ciento de las concesiones canceladas pertenecían a personas particulares que esperaban que creciera el valor de la mina para venderla posteriormente a alguna empresa. El funcionario enfatizó que estas concesiones “ociosas” solo servían para la especulación, sin generar producción real ni beneficio para la economía nacional. La aplicación de estas medidas se ha realizado conforme a lo establecido en la ley minera reformada en 2023, sin requerir procesos extraordinarios.
Distribución territorial: estados con mayor recuperación
La recuperación de concesiones mineras recuperadas se ha concentrado en estados con tradición minera del norte y occidente del país. Coahuila encabeza la lista con 149 concesiones canceladas, seguida de Chihuahua con 134, Sonora con 120, Zacatecas con 119, Durango con 101 y Jalisco con 70. Estos seis estados concentran el 65 por ciento de todas las cancelaciones realizadas durante el sexenio.
En términos de superficie, Sonora lidera con 141,408 hectáreas recuperadas, representando el 16 por ciento del total nacional. Durango le sigue con 129,741 hectáreas (15 por ciento) y Coahuila con 120,475 hectáreas (14 por ciento). Entre estos tres estados suman casi la mitad de toda la superficie devuelta al control estatal. Las revisiones se han realizado prácticamente en todo el país, excepto en Campeche, Quintana Roo y Tabasco, donde prácticamente no existe actividad minera relevante.
Contexto de la política minera de la Cuarta Transformación
Estas acciones forman parte de una política minera más amplia impulsada por el gobierno federal en los últimos años. La administración anterior ya había iniciado un proceso de revisión de concesiones, reduciendo el número total de 25,414 en 2019 a 23,231 en 2024. La administración actual ha continuado y acelerado este trabajo, priorizando la recuperación de concesiones sin exploración, sin pagos de derechos o con fines únicamente especulativos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la presidenta Sheinbaum dio instrucciones desde el inicio de su gobierno para revisar exhaustivamente las concesiones mineras. Además de las cancelaciones administrativas, ha habido diálogo con la industria minera para devoluciones voluntarias, aunque estas representan un número menor dentro del total de 1,126 concesiones recuperadas. Empresas como Minera Autlán y Peñoles han mostrado disposición para colaborar con la autoridad en disminuir la especulación.
Impacto ambiental y protección de ecosistemas
La recuperación de casi 250,000 hectáreas en áreas naturales protegidas representa un hito importante para la conservación ambiental mexicana. Estas zonas estaban bajo concesiones mineras que no cumplían con sus obligaciones legales, lo que representa un riesgo potencial para ecosistemas frágiles. La cancelación de estas concesiones elimina la presión extractiva sobre territorios que requieren protección especial.
Según información del Instituto de Geografía de la UNAM, aunque la especulación en minería había provocado la entrega masiva de concesiones sin considerar el contexto ambiental o geográfico, la superficie realmente impactada por operaciones mineras representa apenas el 0.1 por ciento de la superficie continental de México. Sin embargo, la recuperación de concesiones ociosas previene futuros daños y permite que el Estado tenga mayor control sobre qué proyectos mineros se desarrollan y bajo qué condiciones.
Perspectivas futuras y continuidad del programa
Las 1,126 concesiones mineras recuperadas representan el 4.84 por ciento del total de concesiones que existían en 2024. Aunque la cifra puede parecer modesta en términos porcentuales, la superficie recuperada y el número de concesiones ociosas eliminadas demuestran un avance significativo en la administración estatal del sector extractivo. El gobierno ha anunciado que espera dar más noticias sobre cómo avanza el programa para reducir la especulación minera durante 2026.
La administración federal continúa evaluando las concesiones restantes para identificar nuevas oportunidades de cancelación por incumplimiento legal. Digital News QR reporta continuamente sobre los avances en política económica y minera que afectan el desarrollo nacional. El objetivo es fortalecer el control administrativo, proteger el medio ambiente y asegurar que las concesiones mineras que permanezcan activas generen beneficio real para la economía mexicana y cumplan estrictamente con sus obligaciones legales y ambientales.
