CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de cinco años, ha sido concluida de manera definitiva una investigación por lavado de dinero que involucraba a cuatro despachos jurídicos y seis abogados, acusados de participar en un presunto despojo masivo de viviendas pertenecientes a la cartera vencida del Infonavit, con un valor estimado de 2 mil 257 millones de pesos.
La investigación surgió en 2018, cuando se denunció que alrededor de 60 mil viviendas fueron arrebatadas ilegalmente a derechohabientes mediante demandas civiles fraudulentas presentadas en el estado de Nayarit. Estas acciones judiciales fueron impulsadas por abogados y despachos contratados por el propio Infonavit entre 2013 y 2018.
Un Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de México ratificó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso, al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con la carpeta de investigación.
El intento del Infonavit por revertir esta decisión mediante un amparo fue rechazado por los magistrados, quienes concluyeron que el Instituto no tenía legitimidad para promover dicho recurso, ya que no contaba con el reconocimiento legal de víctima dentro del proceso. Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la que presentó la denuncia original, no el Infonavit.
NO HAY VÍCTIMA DIRECTA
Asimismo, el tribunal recordó que, conforme a la legislación vigente, el delito de lavado de dinero no contempla a una víctima directa, por lo que el Instituto no tenía facultades legales para ostentarse como tal.
El cierre definitivo del caso beneficia a los abogados Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán, así como a los despachos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C.
Cabe señalar que Rosales Badillo, quien fue candidato suplente de Morena a la alcaldía de Durango, estuvo anteriormente prófugo de la justicia por su presunta participación en una compraventa simulada de azúcar, que derivó en un desfalco de 142 millones de pesos a Segalmex. Sin embargo, en ese caso logró llegar a un acuerdo con la FGR, convirtiéndose en colaborador de la investigación.