La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que solicitará a la Cámara de Diputados aplicar un recorte de 15 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para el año 2026. Durante su conferencia matutina del 11 de septiembre, la mandataria argumentó que la nueva era de austeridad en el sistema de justicia, recién renovado por voto popular, hace innecesario el aumento propuesto por la anterior administración de la Suprema Corte.
El Origen del Aumento Presupuestal
La controversia surge a raíz del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, enviado por la Secretaría de Hacienda al Congreso. Dicho proyecto incluye una solicitud de 85,960 millones de pesos para el PJF, lo que representa un incremento de casi 15 mil millones de pesos en comparación con el año anterior.
La presidenta Sheinbaum aclaró que este aumento no fue solicitado por los nuevos ministros y magistrados que asumieron sus cargos tras la reciente reforma judicial, sino por la administración saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estaba encabezada por la ministra Norma Piña.
“Los anteriores ministros enviaron hace dos meses su presupuesto y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto. Los nuevos ministros no corrigieron ese presupuesto, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, sino que a lo mejor no les dio tiempo”, explicó Sheinbaum, desligando a los nuevos integrantes de la solicitud de aumento.
Una orientación basada en la Austeridad Republicana
La presidenta admitió que su gobierno orientará a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que revierta dicho incremento. El argumento central es que la nueva estructura del Poder Judicial, con salarios más bajos y una política de austeridad, ya no requiere de esos recursos adicionales.
“Nosotros sí estamos orientando a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto del Poder Judicial. Como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto”, sentenció la mandataria, marcando una línea clara de acción para su mayoría legislativa.
Esta medida se alinea con el discurso que ha mantenido su gobierno y el anterior sobre la necesidad de eliminar los excesos y privilegios en el sistema judicial, una de las principales banderas de la reforma constitucional que llevó a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Redirección de los Recursos a Áreas Prioritarias
La presidenta no solo propuso el recorte, sino que también especificó claramente a dónde deberían redirigirse esos 15 mil millones de pesos. Mencionó que hay áreas que sufrieron reducciones en la propuesta de presupuesto y que deben ser fortalecidas.
Las áreas prioritarias para recibir estos fondos son:
-
Cultura: Específicamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que según señaló, tuvo una reducción en su presupuesto.
-
Educación Superior: Universidades públicas del país.
-
Inversión Pública: Proyectos de infraestructura.
-
Derechos Sociales: Programas y proyectos vinculados a la salud y la educación en general.
“Que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial y esos 15 mil millones de pesos que se reorienten a donde hay mayor necesidad”, concluyó la Jefa del Ejecutivo, definiendo así el destino de los ahorros generados por la austeridad judicial
