En México, 13 por ciento de los niños y adolescentes que usan internet han experimentado algún tipo de abuso y explotación sexual infantil a través de tecnologías digitales. Esta cifra equivale a 1.6 millones de personas de entre 12 y 17 años que fueron víctimas de estos delitos en el último año. Los datos forman parte del estudio Disrupting Harm, presentado este martes por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en conjunto con Interpol y ECPAT International.
La investigación revela que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en el país ha enfrentado situaciones de violencia sexual en el ciberespacio. La exposición no deseada a imágenes sexuales es la forma más recurrente de abuso y explotación sexual infantil, con una incidencia de 7 por ciento entre los encuestados. Le siguen casos en los que se solicitó a los menores compartir imágenes o videos de sus partes íntimas, situación que afectó a 4 por ciento de los participantes.
Además, 3 por ciento de los adolescentes reportó que recibieron ofertas de dinero o regalos a cambio de material sexual. El estudio también documenta que 47 por ciento de las víctimas sufrieron al menos dos tipos de agresiones, ya sea por parte del mismo agresor o de diferentes personas. Este dato subraya la gravedad de un problema que suele repetirse en el tiempo y que rara vez se denuncia.
Las plataformas de Meta concentran la mayoría de los incidentes. Facebook encabeza la lista con 52 por ciento de los casos, seguido de WhatsApp con 45 por ciento. Instagram aparece en tercer lugar con 11 por ciento, mientras que TikTok registra 8 por ciento. Otros espacios como YouTube y Snapchat presentan porcentajes menores, de 3 y 2 por ciento respectivamente. Estas cifras posicionan a las redes sociales como el principal canal para el abuso y explotación sexual infantil en el país.
Fernando Carrera, representante de Unicef en México, señaló que al menos 37 naciones ya cuentan con marcos legales para regular el acceso de menores a las redes sociales y dispositivos digitales. La mayoría de estas regulaciones se concentran en Europa, aunque también existen iniciativas en Australia y Canadá. Destacó el caso de Brasil, donde hace tres meses entró en vigor el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, una ley diseñada específicamente para proteger a este sector en entornos virtuales.
Por su parte, Lorena Villavicencio, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, calificó el 13 por ciento como una cifra alarmante, más aún cuando 94 por ciento de la población infantil y juvenil tiene acceso a internet. Durante la presentación del informe, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado su disposición para analizar una regulación que proteja a niñas, niños y adolescentes en redes sociales, así como en el uso de pantallas e inteligencia artificial. La funcionaria insistió en que los datos obtenidos obligan a las autoridades a establecer medidas concretas y urgentes.
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el silencio que rodea a estos crímenes. Fabio González, representante de ECPAT International, explicó que 32 por ciento de las víctimas no confió en nadie lo sucedido. Solo 2 por ciento acudió a servicios formales de apoyo y menos de 1 por ciento denunció ante la policía. Entre las razones para no hacerlo, 24 por ciento mencionó haber recibido amenazas directas por parte del agresor. Otro 21 por ciento desconocía la posibilidad de denunciar, mientras que 28 por ciento no sabía a qué instancia recurrir.
Estos datos reflejan un alto nivel de desprotección y desinformación entre los menores y sus familias. La falta de mecanismos accesibles y claros para reportar delitos digitales agrava el riesgo de revictimización. Además, el estudio evidencia que el abuso y explotación sexual infantil no ocurre únicamente en entornos físicos, sino que se ha trasladado con fuerza al mundo digital, donde el anonimato y la inmediatez facilitan la acción de los agresores.
Organizaciones internacionales han reiterado la necesidad de que México avance en una legislación específica que aborde la prevención, atención y sanción de estos delitos en línea. La recomendación incluye campañas de educación digital, capacitación para docentes y padres, así como rutas claras de denuncia accesibles para la población infantil. Mientras tanto, las cifras del informe Disrupting Harm colocan el tema en el centro del debate público y exigen respuestas coordinadas entre el gobierno, las empresas tecnológicas y la sociedad civil.
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