El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puso sobre la mesa una propuesta que trasciende su estado: abrir un debate nacional para eliminar por completo las corporaciones de policía municipal y transferir sus funciones de manera permanente a la Guardia Nacional (GN). El mandatario expuso su planteamiento este viernes ante periodistas locales, luego de que se confirmara la detención del director y el subdirector de la Policía Municipal de Zacapu, señalados por su presunta relación con un ataque armado contra un convoy de la Guardia Civil estatal.
El origen de la propuesta: infiltración criminal en corporaciones locales
De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, las indagatorias de las fiscalías estatales han documentado en repetidas ocasiones la colaboración de elementos municipales con estructuras del crimen organizado, lo que a su juicio vuelve inviable el modelo actual de seguridad de proximidad basado en policías locales. Bedolla sostuvo que este fenómeno no es exclusivo de Michoacán, sino un problema que se repite en distintas regiones del país, por lo que consideró necesario discutir un rediseño integral del esquema de seguridad pública municipal.
El funcionario recordó que el tema ya fue conversado directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien planteó la posibilidad de que la Guardia Nacional absorba las tareas que hoy realizan las policías municipales en todo el territorio nacional. Según explicó, la capacidad operativa, el número de elementos y la presencia territorial que ya tiene la corporación federal en los 32 estados —incluido Michoacán— harían viable esa transición.
Detenciones recientes que respaldan el reclamo
La propuesta no surge de manera aislada. En los días previos, autoridades estatales detuvieron al director y al subdirector de la Policía Municipal de Zacapu, acusados de haber facilitado el robo de armamento perteneciente a la corporación de Nahuatzen. Ese armamento, de acuerdo con las investigaciones judiciales, habría terminado en manos de un grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de una emboscada en la localidad de La Mojonera que dejó cinco elementos de la Guardia Civil muertos y otros cinco heridos.
A este caso se suman detenciones previas en los municipios de Coeneo —donde fue arrestada la propia directora de Seguridad Pública junto con otros elementos— y Zinapécuaro, hechos que el gobernador citó como evidencia de un patrón de infiltración que, dijo, se extiende a varias corporaciones del estado. Ramírez Bedolla remarcó que las acciones contra policías corruptos continuarán de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, encabezada por Omar García Harfuch, y adelantó que se esperan nuevas detenciones en los próximos días.
La apuesta estatal por la Guardia Civil, el trasfondo de la propuesta
El planteamiento de Bedolla no puede entenderse sin el proceso que su gobierno ha impulsado desde hace tiempo con la Guardia Civil michoacana, corporación que sustituyó a la antigua Policía Michoacán. Según comunicados oficiales del gobierno estatal, esta transformación ha buscado especializar a los elementos en investigación criminal, combate a la extorsión, búsqueda de personas desaparecidas y labores de vigilancia forestal, bajo un modelo que combina prevención, proximidad social y coordinación con autoridades federales y municipales.
Como parte de ese mismo proceso, la administración estatal reformó el reglamento de la corporación para retirarle la facultad de imponer infracciones de tránsito, con el argumento de frenar prácticas de corrupción asociadas al cobro irregular de multas. El gobierno también ha reportado inversión en equipamiento —patrullas, chalecos balísticos, armamento y cámaras corporales— así como la creación de un Grupo de Operaciones Especiales dentro de la Guardia Civil.
Es importante precisar que, hasta el momento, ninguno de los comunicados oficiales del gobierno de Michoacán contempla una política ya formalizada para desaparecer las policías municipales; el planteamiento de eliminarlas a escala nacional se ha dado exclusivamente en declaraciones públicas del gobernador ante medios de comunicación, no en una iniciativa legislativa o decreto en trámite.
Un debate abierto sin definición inmediata
La propuesta de Ramírez Bedolla llega en un momento en el que la relación entre policías municipales, gobiernos locales y crimen organizado vuelve a estar en el centro del debate público en México. Aunque el gobernador afirmó haber compartido la idea con la presidenta Sheinbaum, no existe hasta ahora un pronunciamiento oficial del gobierno federal sobre una eventual desaparición de las corporaciones municipales a escala nacional, por lo que el planteamiento se mantiene, de momento, como una propuesta política abierta a discusión y no como una reforma en marcha.
