El Gabinete de Seguridad confirmó que los dos agentes de la CIA en Chihuahua que fallecieron no contaban con ninguna acreditación para participar en actividades operativas dentro del país. Uno de ellos ingresó como visitante, sin permiso para realizar labores remuneradas. El segundo utilizó un pasaporte diplomático.
La presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua se detectó tras un accidente vehicular ocurrido la madrugada del 19 de abril. En el siniestro murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, un agente estatal y dos ciudadanos estadounidenses.
Ninguna institución federal de seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía conocimiento de que agentes extranjeros fueran a participar físicamente en operativos dentro del territorio nacional. Así lo señaló el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa difundida el sábado 25 de abril.
Ante la prohibición constitucional de que fuerzas extranjeras realicen acciones operativas en México, las autoridades iniciaron una revisión del caso. La investigación se coordina con instancias locales y con la Embajada de Estados Unidos en México. El Gabinete recordó que la cooperación internacional se limita al intercambio de información y a la colaboración técnica.
Las primeras versiones de la Fiscalía de Chihuahua indicaron que los estadounidenses fallecidos eran instructores de la embajada. Días después, el fiscal César Jáuregui Moreno modificó la versión y afirmó que los agentes estadounidenses realizaban una capacitación. También dijo que agentes de la AEI los encontraron y los invitaron a regresar juntos.
Medios estadounidenses reportaron que la CIA ha realizado al menos tres intervenciones en territorio nacional en lo que va de 2026. En el operativo donde murieron los dos presuntos agentes, participaban cuatro ciudadanos estadounidenses. Para evitar sospechas, utilizaron uniformes de la AEI de Chihuahua, ya que ese día se contó con apoyo de instituciones federales.
Una semana después del accidente, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció la creación de una unidad especial para investigar el operativo. También impuso una restricción a su gabinete para emitir declaraciones sobre el tema hasta contar con información concluyente.
Hasta ahora, las autoridades estatales han modificado en varias ocasiones la versión de los hechos y el motivo de la presencia de los agentes estadounidenses. En cualquiera de los escenarios —capacitación o colaboración operativa—, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reconocido que no tenía conocimiento previo. El caso ha generado cuestionamientos sobre los límites de la cooperación en seguridad y el respeto a la soberanía nacional.
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