Gas Bienestar, sin utilidades tras cuatro años; opera con subsidios
A casi cuatro años de su creación, el programa Gas Bienestar no ha generado utilidades y continúa funcionando con recursos federales. La iniciativa fue anunciada en 2021 con la promesa de llevar gas LP a precios accesibles a todo el país, pero hasta ahora solo opera en nueve alcaldías de la Ciudad de México.
De acuerdo con informes oficiales, sus ingresos han disminuido año con año. Entre enero y mayo de 2022 obtuvo 254.3 millones de pesos; en el mismo periodo de 2023, bajaron a 183.4 millones; y en 2024, cayeron a 174.4 millones. Sin embargo, estos montos no representan utilidades netas.
Desde su primer año, Gas Bienestar reportó gastos por mil 298.3 millones de pesos, principalmente por la compra de cilindros y la reparación de más de 800 mil tanques defectuosos. A pesar de las reparaciones, en 2023 se registró una muerte por la fuga de uno de estos tanques en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Una de las principales causas del déficit es el tope impuesto al precio del gas LP, fijado en 10.61 pesos por litro. Esta política ha generado pérdidas tanto para Gas Bienestar como para las empresas privadas del sector, que enfrentan dificultades económicas y advierten sobre el posible cierre de operaciones.
En el cuarto informe trimestral de Pemex se señala que la empresa estatal realizó aportaciones de capital por 300 millones de pesos para sostener a Gas Bienestar y otras filiales. También se reconoce que, debido al gasto operativo y a la falta de ingresos, Pemex podría requerir más financiamiento para cumplir con sus compromisos.
El proyecto inicial contemplaba una expansión nacional en etapas, pero hasta la fecha solo ha llegado a nueve demarcaciones: Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Xochimilco.
El 15 de mayo, empresas gaseras anunciaron un posible paro nacional para la primera semana de junio. Exigen a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Energía una reunión urgente para revisar el modelo regulatorio. Denuncian bloqueos a permisos, regulaciones arbitrarias y precios controlados que afectan la operación y provocan despidos.
El sector propone elevar la tarifa del gas LP en cuatro pesos para garantizar su distribución. Argumentan que este combustible es utilizado por el 76% de los hogares y más de 100 millones de personas en México.
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