El 1 de mayo de 2026, el Sindicato de Petroleros de México (Petromex) encendió motores: presentará amparos y cabildeo legislativo para frenar el recorte de hasta 60% en las pensiones de trabajadores jubilados de confianza. El sindicato sostiene que la reforma al artículo 127 constitucional viola derechos adquiridos tras décadas de servicio.
La reforma, publicada el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales —equivalente al 50% del salario presidencial— para las pensiones de organismos públicos. Los recortes arrancaron el 30 de abril y tocaron directamente a más de 93 mil jubilados de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Luz y Fuerza del Centro y Nacional Financiera. En algunos casos, las pensiones superaban los 32 mil pesos por catorcena.
El argumento jurídico: retroactividad prohibida
Petromex y las asociaciones de jubilados clavan su defensa en el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de personas. Los afectados cargan con el argumento de que sus condiciones de retiro estaban pactadas antes de la reforma, y que modificarlas ahora rompe los contratos colectivos y acuerdos laborales ya firmados.
El punto que más disputas levanta son los artículos transitorios: ¿puede la reforma ajustar pensiones ya otorgadas? Expertos jurídicos no se ponen de acuerdo, y ese vacío es donde Petromex mete mano para construir su caso.
Los amparos tropiezan antes de correr
Sin embargo, la estrategia jurídica ya chocó con su primer muro. Jueces federales empezaron a desechar los amparos presentados por cerca de 3,400 jubilados de Petróleos Mexicanos y CFE. El argumento de los juzgados es contundente: una reforma constitucional no puede declararse inconstitucional, porque la Constitución es la norma máxima que se modifica a sí misma.
Los inconformes pueden recurrir mediante queja ante tribunales colegiados, pero las posibilidades de revertir esas resoluciones son estrechas.
Tampico también salió a la calle
En Tampico, cerca de 190 trabajadores jubilados de confianza de Pemex y CFE se plantaron el 29 de abril en las calles para exigir la suspensión inmediata de la reforma y el reintegro de los montos descontados. No fue un acto simbólico: los jubilados afectados ya ven reducidos sus depósitos desde finales de abril.
La reforma exceptúa los haberes de militares y ministros de la Suprema Corte en retiro —que técnicamente no cobran pensiones sino “haberes”—, una distinción que los jubilados petroleros y de la CFE señalan como un trato desigual sin justificación jurídica clara.
Una reforma que llegó rápido y pegó duro
Petromex acusa inconstitucionalidad en recorte a pensiones, pero la arquitectura legal que enfrenta es sólida. La reforma se publicó, entró en vigor y comenzó a descontar en menos de 20 días. Los jubilados, muchos con más de 30 años de servicio, aguantan ahora una reducción que no negociaron ni firmaron.
Mientras los amparos caen uno a uno en los juzgados federales, el sindicato busca aliados en el Congreso y en organismos internacionales. El dinero ya salió de las cuentas. Y los tribunales, por ahora, no lo devuelven.
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