La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para poner fin a las pensiones millonarias de exfuncionarios que laboraron como personal de confianza en entidades públicas. La propuesta busca establecer un tope a estas jubilaciones y generar ahorros estimados en cinco mil millones de pesos anuales.
El objetivo central es redirigir esos recursos a programas de bienestar y limitar prestaciones que superan ampliamente el ingreso promedio de los trabajadores en México. La iniciativa se presentará como parte de una política de austeridad y responsabilidad financiera del Estado.
¿Qué propone la reforma constitucional sobre pensiones?
La iniciativa plantea fijar un límite a las jubilaciones y pensiones otorgadas por empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. El tope sería equivalente a 50 por ciento de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal.
En términos prácticos, ninguna pensión de altos mandos de confianza podría superar los 70 mil pesos mensuales. La propuesta excluye de manera explícita las pensiones de ministros y no afecta los derechos laborales derivados de contratos colectivos.
¿A quiénes no afectará la reforma?
La reforma no será retroactiva. Las percepciones ya pagadas no se modificarán, pero los montos futuros se ajustarán una vez que la reforma entre en vigor. Tampoco se tocarán las pensiones establecidas en las condiciones generales de trabajo.
Así lo explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, al precisar que el alcance de la iniciativa se concentra en exfuncionarios de alto nivel que reciben jubilaciones consideradas excesivas con cargo al erario.
¿Cuál es el fundamento de la iniciativa?
Desde el Ejecutivo se argumenta que la reforma se sustenta en principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. La intención es eliminar privilegios que generan una carga significativa para las finanzas públicas.
El planteamiento parte de la comparación entre las pensiones actuales de algunos exfuncionarios y las jubilaciones promedio del país, así como las percepciones que tendría la propia presidenta al retirarse bajo el régimen del ISSSTE.
¿Qué casos de pensiones elevadas identificó el gobierno?
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un desglose de las pensiones consideradas más altas en diversas entidades del Estado.
En la extinta Luz y Fuerza del Centro, existen más de 14 mil jubilados, con un costo anual superior a 28 mil millones de pesos. Dentro de este grupo, miles reciben montos que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales desde hace más de 16 años.
¿Qué ocurre en Pemex y la CFE?
En Petróleos Mexicanos, se identificaron más de 500 pensionados con percepciones superiores a las de la presidenta, lo que representa un gasto anual cercano a los mil 827 millones de pesos. En cientos de casos, cada pensión rebasa incluso el salario anual del director general de la empresa.
En la Comisión Federal de Electricidad, más de dos mil personas jubiladas reciben montos mayores a las percepciones netas del Ejecutivo federal, con un impacto presupuestal anual superior a cuatro mil 400 millones de pesos.
¿Cómo se comparan estas pensiones con las del IMSS e ISSSTE?
El análisis gubernamental muestra que decenas de miles de jubilaciones superan el monto máximo de pensión del ISSSTE, fijado en poco más de 35 mil pesos mensuales, y del IMSS, cuyo tope ronda los 89 mil pesos.
Además, se detectaron casos en la banca de desarrollo, como Nafin, Banobras y Bancomext, donde pequeños grupos de pensionados concentran pagos anuales por decenas de millones de pesos.
¿Qué impacto tendría eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios?
De aprobarse la reforma, el gobierno federal estima un ahorro anual de cinco mil millones de pesos. Estos recursos se destinarían a programas sociales y a fortalecer el gasto público con un enfoque redistributivo.
La iniciativa busca cerrar un esquema de privilegios heredado de administraciones anteriores y establecer un criterio uniforme para las pensiones millonarias de exfuncionarios, sin afectar a trabajadores sindicalizados ni derechos adquiridos por ley.
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