Armagedón

“Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz”
Jeremías 6:14

Alfredo A. Calderón Cámara
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Tabasco y el país entero enfrentan la crisis energética de la CFE en el peor momento, la molestia social va de la mano del desprestigio mundial que los turistas están llevando sobre los apagones sistemáticos, una situación insoportable en pleno siglo XXI, como suele ocurrir en el debate energético mexicano, los hechos y la propaganda suelen viajar en el mismo autobús, aunque no siempre se sienten juntos, aunque la etiqueta de crisis total, no se las quita nadie

Durante el Mundial efectivamente se han registrado apagones en diversas entidades del país, eso alimenta la percepción de que el sistema eléctrico opera con poco margen de reserva. Un sistema eléctrico puede soportar una falla aislada, pero cuando coinciden altas temperaturas, crecimiento de la demanda, mantenimiento insuficiente y retrasos en nuevas obras de transmisión y distribución, aumenta el riesgo de interrupciones del servicio y las consecuencias están a la vista de todos

Para CFE y la Secretaría de Energía eso no significa necesariamente un “colapso nacional”, pero sí evidencia una infraestructura sometida a fuerte presión. Una crítica seria alude a tres aspectos de fondo: planeación insuficiente. La expansión de la demanda eléctrica en México ha sido mayor que el ritmo de construcción de nuevas líneas de transmisión, subestaciones y capacidad de generación en algunas regiones. Manuel Bartlett es el principal enterrador del sistema eléctrico nacional

Incontables redes de distribución saturadas. Muchas fallas no ocurren porque falte energía en el país, sino porque las redes locales ya no soportan la carga durante las horas de demanda máxima, los transformadores de potencia de las subestaciones están al máximo de su capacidad y las redes de distribución -al menos en Tabasco- fueron abandonadas todo el sexenio anterior durante la administración de Bartlett Díaz

El costo reputacional es brutal y escandaloso. Ubiquemos para tener la justa dimensión: un evento internacional como un Mundial convierte cualquier apagón en una noticia global. Lo que normalmente sería una falla regional adquiere una dimensión política y económica, afectando turismo, comercio e imagen del país. En cuanto a la afirmación de que el problema deriva exclusivamente de mantener el sector eléctrico bajo control estatal, esa conclusión es más política que técnica

Existen sistemas predominantemente públicos que funcionan con alta confiabilidad y sistemas privados que también padecen apagones. El verdadero debate no es únicamente quién es el propietario de la infraestructura, el origen del problema fue, ha sido y será que no existe suficiente inversión, mantenimiento, planeación de largo plazo y capacidad de ejecución. Quizás suene repetitivo, pero los negocios de Manuel Bartlett hundieron a CFE

El mayor riesgo para México no es que la electricidad sea pública o privada. Es que la política energética termine subordinando las decisiones técnicas. Los electrones no votan, no militan en partidos y no responden a discursos. Circulan o dejan de circular según la capacidad instalada, el mantenimiento de las redes y la calidad de la planeación; el costo social lo pagan los millones de usuarios que sufren el pésimo servicio

Las interrupciones continúan y el costo no será solamente para la CFE o para el gobierno en turno. Será para una sociedad mexicana que ya no siente lo duro sino lo tupido, el país necesita inversiones, modernización y decisiones basadas en criterios técnicos antes que en confrontaciones ideológicas. Ya basta de Morena, PRI, PAN, Verde, MC y demás, porque la electricidad, a diferencia de los discursos políticos, no puede improvisarse cuando el bajo voltaje impide todo o el interruptor ya está abajo

El argumento que sustenta la crisis combina denuncias de corrupción, críticas de política pública y afirmaciones técnicas. Algunas de ellas describen problemas conocidos del sistema eléctrico mexicano; los apagones o el uso de combustible de contrabando, requieren pruebas específicas antes de aceptarse como hechos. Desde un punto de vista técnico y político, pueden hacerse varias observaciones: Existe un consenso amplio entre especialistas en que la red de transmisión y distribución de la CFE necesita urgentemente inversiones importantes

Durante años el “todopoderoso” de Manuel Bartlett priorizó la incorporación de nueva capacidad de generación mientras la expansión de las redes y la capacidad en las subestaciones de potencia no avanzó al mismo ritmo. Cuando una ciudad crece aceleradamente, la infraestructura eléctrica se convierte en el verdadero cuello de botella. La responsabilidad corresponde a una sola administración en la cual Rocío Nahle con sus negocios en la Secretaría de Energía, tuvo mucho que ver. Nadie pensó donde todos robaban

La planeación eléctrica es de largo plazo y las decisiones tomadas durante las gestiones, encabezadas por Manuel Bartlett, así como las administraciones actuales, influyen en la situación actual. Las obras eléctricas suelen tardar varios años entre su diseño, autorización y entrada en operación. Respecto a las acusaciones sobre diésel de procedencia ilícita, contratos o negocios vinculados a infraestructura energética, son señalamientos de gran gravedad que solo pueden sostenerse con investigaciones oficiales, documentos, auditorías o resoluciones judiciales que nadie quiere hacer

En ausencia de esas pruebas, corresponde presentarlos como denuncias o hipótesis, no como hechos establecidos. El problema de fondo trasciende el debate entre estatismo y mercado. Un sistema eléctrico confiable depende de tres pilares: generación suficiente, redes modernas de transmisión y distribución, y mantenimiento permanente. Si cualquiera de esos componentes se rezaga, los apagones terminan apareciendo justo cuando la demanda alcanza su punto máximo

La cruda realidad es que los transformadores de potencia y los colocados en las redes de distribución no distinguen entre gobiernos de izquierda o de derecha. Se saturan cuando reciben más carga de la que fueron diseñados para soportar. Una realidad bastante menos ideológica y mucho más obstinada que cualquier discurso político. La realidad indiscutible es que Bartlett heredó una crisis eléctrica y México está en penumbras

SÉPTIMO SELLO

Pablo Caso Torres llegó a IMSS-Bienestar y ante la lluvia de críticas y cuestionamientos, con respaldo de arriba decidió barrer las escaleras, pero pronto descubrió que una cosa es tener nombramiento y otra gobernar el pantano. Porque el sistema no estaba desordenado: estaba capturado. Y cuando se intenta meter orden en una estructura donde muchos hicieron del hospital una caja privada, los beneficiarios no se incomodan: se organizan. Lo que empieza a asomarse es grave

Caso Torres ya se dio cuenta que el sistema agoniza ante una septicemia aguda generalizada: desde médicos que cobraban cirugías realizadas dentro de hospitales públicos, redes administrativas al servicio de intereses particulares, aviadores y grupos internos acostumbrados a operar como si la salud fuera botín y no derecho. El Hospital del Niño, Juan Graham y Rovirosa entre ellos. La tragedia, como siempre en este país tan creativo para pudrir lo esencial, es que el costo lo pagan los pacientes. Caso Torres movió piezas, pero al hacerlo pateó un avispero

SÉPTIMA TROMPETA

En diversas ocasiones el columnista ha exhibido las brutales negligencias. Caso Torres se ha dado cuenta que las mafias en todos los niveles no estaban dormidas; estaban agazapadas y están reaccionando. Necesita respaldo real, investigaciones firmes y sanciones ejemplares, el intento de limpieza no debe quedar como otro espectáculo de escoba nueva contra mugre vieja. El primero en la lista: el director del Hospital Rovirosa que parece estar velando armas. Fuentes internas del Hospital Rovirosa comentaron al columnista que ojalá le alcance el parque. Porque en estas guerras internas no basta con hacer ruido: hay que tener pólvora seca, expediente sólido y valor político. Esta “tortuga tiene demasiada sangre todavía”

SÉPTIMA COPA

Los videos viralizados de un accidente de dos motociclistas atropellados en el cual estaba inmiscuida una perito o funcionaria de la Fiscalía General del Estado -al parecer en estado de ebriedad-. Tema que reclama espacio: más allá del impacto del accidente, el caso comienza a convertirse en un problema de impunidad institucional. La familia afirma que la presunta responsable -aunque estaba happy- recuperó su libertad mientras las víctimas graves permanecen hospitalizadas, la indignación social es comprensible. Sin embargo, una cosa es la percepción pública y otra la situación jurídica real

Precisamente por ello, el silencio de las autoridades termina alimentando las sospechas. Una vieja constante: cuando la información oficial desaparece, los rumores hacen horas extras. El costo político de este episodio no radica únicamente en determinar quién tuvo la responsabilidad del accidente, sino en demostrar que la ley se aplica con el mismo rigor a cualquier ciudadano. Si la persona señalada fue puesta en libertad porque así lo permite el procedimiento penal y no existían elementos para mantener una detención, la Fiscalía tiene la obligación de explicarlo. Si, por el contrario, existió un trato privilegiado derivado de influencias o parentescos, el daño institucional sería mucho mayor que el propio accidente

La exigencia de la familia refleja un problema estructural: la justicia no sólo debe impartirse, también debe parecer que se imparte. Cuando las víctimas observan que quien consideran responsable aparentemente regresa a su vida cotidiana mientras ellas enfrentan cirugías, hospitalización e incertidumbre, se instala la sensación de desigualdad ante la ley. Esa percepción erosiona la legitimidad de las instituciones y fortalece la idea de que el poder sigue siendo un mecanismo para obtener privilegios