Armagedón

“Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia”
Jeremías 6:13

Alfredo A. Calderón Cámara

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El video viral de la horrible intervención pública de la alcaldesa de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez que en forma por demás agresiva, chantajeó a unos asustados alumnos menores de edad, trascendió en “las famosas redes sociales” el terreno de la comunicación política y entró en uno mucho más delicado: la relación entre el poder público, los beneficiarios de programas gubernamentales y la libertad de conciencia

En el mismo discurso, en completo estado fuera de control Velázquez Jiménez, afirma tener “respeto al pueblo”, pero inmediatamente convierte y lleva ese supuesto respeto en una exigencia que tiene más facha de chantaje digital que de reciprocidad política. Ahí aparece la primera contradicción. El respeto no se demuestra pidiendo aplausos, mucho menos condicionando moralmente a quienes reciben apoyos financiados con recursos públicos

Lo más preocupante es que el agresivo mensaje fue dirigido a jóvenes menores de edad ¡Que imagen tan reprochable y grotesca! Lo peor, la alcaldesa Mari Luz no les habla como ciudadanos libres, sino como deudores de un favor. Les reprocha a los menores de edad no dar “likes”, no compartir publicaciones oficiales y no defender su gobierno en redes sociales. En otras palabras, intenta transformar un derecho social en una cuasi extorsión política

Ese detestable razonamiento erosiona uno de los principios fundamentales de un régimen democrático: los programas públicos no pertenecen al gobernante en turno, pertenecen a la sociedad que los financia mediante sus impuestos. La palabra “gratitud” aparece repetidamente como eje del discurso de Velázquez Jiménez. Sin embargo, en una democracia la gratitud hacia un funcionario no puede convertirse en moneda de cambio por el ejercicio de derechos

Las becas, el transporte gratuito, los apoyos a personas enfermas o cualquier otra política pública no son regalos personales de la alcaldesa. Son recursos presupuestales aprobados conforme a la ley para atender necesidades sociales. Confundir la administración del presupuesto con la propiedad del presupuesto es uno de los vicios más antiguos del clientelismo político mexicano. Todavía más grave resulta la carga emocional utilizada para influir sobre adolescentes

Frases como “por lo menos den un compartir”, “si tuvieran gratitud” o recordarles cuánto cuesta ganar mil quinientos pesos buscan generar culpa más que reflexión. El mensaje implícito es claro: si recibes un beneficio y no promocionas al gobierno, eres malagradecido y un ingrato. Ese mecanismo psicológico en los menores de edad constituye una forma de presión política que resulta especialmente cuestionable cuando se dirige a jóvenes que se encuentran en una posición de evidente vulnerabilidad frente a la autoridad municipal

Paradójicamente, mientras asegura que no está haciendo “nada malo”, ese cerebrito confundido dedica buena parte de su intervención a pedir difusión personalizada de las acciones gubernamentales ¿Tienen alguna obligación los menores de edad? No logra entender la alcaldesa Velázquez Jiménez que el servicio público exige rendición de cuentas, no campañas de aprobación digital. Las obras deben convencer por sus resultados, no por la cantidad de “likes” obtenidos

Cuando un gobernante necesita solicitar reconocimiento de manera insistente, termina revelando una psicótica desesperación (una especie de trastorno del humor agudo con un componente de psicopatía) por la percepción pública que difícilmente puede sustituir la evaluación objetiva de su desempeño. Existe además un componente institucional que no puede ignorarse. Los servidores públicos tienen el deber de mantener una separación entre la comunicación gubernamental y la promoción personalizada

Definamos: si un acto oficial termina utilizándolo la alcaldesa para solicitar de forma rupestre respaldo en redes sociales hacia la imagen de su necesitado gobierno, la frontera entre informar y promoverse se desdibuja horrible. Esa es precisamente la clase de conductas que las autoridades electorales y los órganos de control suelen observar con especial cuidado cuando involucran recursos públicos o actos oficiales

El discurso también refleja una torcida visión patrimonialista del poder. Mari Luz Velázquez habló como si el gobierno municipal fuera una extensión de su voluntad personal: “yo les doy”, “yo trabajo”, “yo tengo respeto”, “yo les pido”; lastimosa política prehistórica. No entiende que el verdadero protagonista de una administración democrática no es el gobernante, sino la institución

Da pena ajena. Que alguien le informe que los alcaldes administran recursos públicos durante un periodo determinado; no adquiere derechos de propiedad sobre el presupuesto ni sobre la voluntad de los ciudadanos. La fortaleza de un gobierno no se mide por la obediencia digital que consigue, sino por la confianza que inspira sin necesidad de pedirla. Un pueblo convencido de tener una gobernante madura y juiciosa comparte espontáneamente los logros de esa administración

Sin embargo, al pueblo al que se le insiste, se le culpa y se le recuerda constantemente que recibe limitados 1 mil 500 pesos al mes mediante chantajes, comienza a percibir que detrás del discurso social existe una expectativa de extorsión política. Al final, la mayor contradicción de este episodio es evidente. Mientras la alcaldesa afirma que el respeto al pueblo define a un “verdadero presidente”, su propio discurso coloca a los ciudadanos, especialmente a los menores de edad en calidad de malagradecidos

La dureza del tono de Mari Luz Velázquez, dejo a esos casi niños en la incómoda posición de tener obligadamente que demostrar agradecimiento mediante apoyo público al gobierno. El respeto reconoce derechos; el chantaje moral reclama favores. En democracia, las becas no compran conciencias, el transporte gratuito no adquiere seguidores y los programas sociales no generan deudas de gratitud política

La esfera del poder y la borrachera de soberbia erradicó del vocabulario la palabra humidad. Para Claudia Sheinbaum los programas federales generan obligaciones para el Estado y derechos para los ciudadanos. Confundir esos conceptos como lo está haciendo la alcaldesa es abrir la puerta a un clientelismo que la propia evolución democrática del país ha buscado dejar atrás. Así de inocultable es el chantaje digital de Mari Luz

SEPTIMO SELLO
La inconformidad de los taxistas de Nacajuca dejó de ser un simple conflicto gremial cuando las denuncias apuntan a posibles abusos de poder, favoritismo y presuntas amenazas. Si, como afirman los concesionarios, la expresión de Rafael Elías Sánchez Cabrales es interpretada como un mensaje agresivo, amenazante e intimidatorio, el obligado diálogo institucional habría sido sustituido por la presión política, una práctica incompatible con el ejercicio democrático que el jonuteco debe tener. “Problema que se soslaya, estalla” y el buen entendedor sabe que ese escándalo comienza a tomar fuerza

Más delicadas aún son las acusaciones contra Armando Solís, presidente de la Unión de Taxis de Nacajuca, a quien señalan abusar del cargo gremial y favorecer a su propio hijo con una concesión pese a su escasa antigüedad de apenas un año y además, exigir 50 mil pesos para la asignación de concesiones a quienes tendrían mejor derecho

SEPTIMA TROMPETA
De acreditarse estos hechos, no sólo se trataría de un problema de un abominable delito de corrupción interna, sino del uso patrimonial de una organización que debería representar a sus agremiados y no convertirse en verdugo e instrumento de abusos y privilegios. Pareciera que la metástasis de la corrupción tiene infectada algunas arterias de la Secretaría de Movilidad

Acorde a los dichos de los quejosos: el mensaje del Secretario de Movilidad es intimidatorio y devastador: asustados los taxistas no entienden cómo es posible que quienes exigen justicia reciben advertencias y cuando quién administra las concesiones y es señalado por nepotismo y favoritismo, carece de toda confianza

Sánchez Cabrales tiene la obligación de investigar, transparentar y actuar. Dejar en asunto en manos de un subalterno como Martín Abraham Hernández y su política de carrusel, es insultar la inteligencia del quejoso. El caso hiede a podrido. Ubiquemos, cuando el poder protege abusos termina siendo cómplice de ellos; ojo, es abiertamente el segundo señalamiento de un caso de corrupción de tráfico de placas y concesiones de taxis. Documentos, fotos, videos y testimonios que sustentan el caso reclaman revisión y espacio por separado, esta semana

SEPTIMA COPA
Ayer al columnista le tocó asistir al teatro Esperanza Iris, al festejo de la graduación de Jona, su pequeño nieto. El show de clausura del Colegio Hamilton, estuvo bellísimo. Sólo dos factores de critica inaplazables se dejaron sentir: uno, el teatro al carecer de un buen sistema de aire acondicionado ¡Es un verdadero horno! Horrible e insoportable el calor

Dos, si Usted asiste y por necesidad tiene que ir a los baños ¡Uf, que asco! No hay agua en los baños, cada persona que va debe agarrar la cubeta para echarles agua a unos inodoros atascados de heces fecales ¿En cuánto alquilará el teatro Esperanza Iris, doña Aida? ¿Qué pensará sobre las penosas y lamentables condiciones del teatro, la secretaria de Cultura? Sólo son preguntas