OJO VISOR
Jacinto López Cruz
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La venta a particulares del inmueble que abarca el gimnasio del Parque La Choca por parte del actual gobierno pretende ser politizada por los detractores, quienes alegan que se está atentando en contra del patrimonio territorial del estado, como si fuera privativo de este gobierno realizar ese tipo de operaciones, cuando desde el, gobierno de Roberto Madrazo, después que se construyó el parque Tabasco, ese inmueble fue lotificado para venderlo por parte a particulares para que ahí se asentaran diversos comercios, como restaurantes y hoteles.
El gimnasio del parque La Choca que en un tiempo se utilizó para hacer ejercicios, sedes de exposiciones, conciertos, y eventos de lucha libre, desde hace varias décadas se encuentra en desuso, fue cerrada porque no era rentable y su ciclo de vida habría concluido, según un dictamen de Protección Civil, luego de que el gobierno madracista construyera el parque Tabasco, por lo que al estar en abandono y ante el proyecto Villahermosa 2030 que busca impulsar la modernización y el desarrollo de la capital del estado, a la vez que generar empleos, el gobierno de Javier May, decidió venderlo para aplicar a dicho proyectos los recursos económicos de su venta.
El anuncio de la venta del gimnasio del parque La Choca, fue el caldo de cultivo para que los detractores de este gobierno, lanzaran una feroz campaña para desacreditar esta transacción económica, que ya fue explicado para que se utilizará, alegando que es una privatización en favor de particulares, que se está acabando indebidamente con la reserva territorial del estado, como si realmente el gobierno maycista fuera el único que recurriera a vender una parte de lo que fuera toda la superficie que abarcó el parque La Choca, cuando desde el gobierno de Roberto Madrazo se realizó la lotificación que fue vendido en forma discrecional a particulares con el compromiso de realizar un desarrollo urbanístico y comercial, que allí que no cabría la explicación del porque existen en el lugar, restaurantes, negocios comerciales, hoteles y hasta torres habitacionales, por lo que queda al descubierto la pretendida politización de la venta de este predio, ya realizada, cuya utilidad ya se dijo será empleada en el proyecto Villahermosa 2030, cuyo objetivo de los detractores es también echarlo abajo, alegando que se está atentando en contra de la ecología, porque supuestamente se derribarán decenas de árboles y se modificará la estructura vial de Paseo Tabasco, que así como está, debe quedarse sin sufrir alteraciones, por lo queda claro que así como lo hicieron con el Museo Nacional del que ya existía un estudio para desarrollarlo en el museo La Venta y el Parque Tomás Garrido, que finalmente no se concretó, lo que pretende el gobierno estatal con el proyecto Villahermosa 2030, también debe truncarse, también debe venirse abajo, pero la decisión gubernamental ya está tomadas y pese a los detractores se realizará, porque son varias obras en conjunto, incluido el nuevo puente que se construirá sobre el rio Carrizal, con lo que se agilizará el tráfico vehicular, en toda la zona de Bosques de Saloya y el parque Tabasco.
Toda la superficie del parque La Choca fue loteado y en su mayor parte vendido a particulares por gobiernos anteriores para el desarrollo comercial, turístico, y habitacional, y que ningún ciudadano, líder social, o dirigente de algún partido, se haya opuesto a esas ventas, porque se estaba atentando en contra de las reservas territoriales del estado, porque de haber sido así, en esa zona no se contaría con restaurantes, hoteles, oficinas, y edificios habitacionales, y esto es lo que llama la atención que uno de los cuestionadores de este gobierno, y que se la lanzado en contra de la venta del inmueble donde está asentado el gimnasio La Choca, es el ex-governador que durante su gobierno se vendieron o se liquidaron propiedades adquiridas por particulares o empresas para incentivasr el desarrollo en esa zona.
Empresas como Corporativa La Choca, Consorcio Inmobiliario Olmeca, Alta Hotelería S. A. de C. V, Manuel Santandreu, Bennigan´s, entre otros, que recibieron hasta facilidades para pagar las propiedades que liquidaron, entre 2003, 2004 y 2005, durante el gobierno de Manuel Andrade, no hubieran desarrollado unidades habitacionales, comerciales o hoteleras, si los gobiernos pasados, no hubieran vendido ni un metro cuadrado del inmueble La Choca, por eso ahora llama la atención que los actuales detractores que formaron parte de gobiernos anteriores, ahora se lancen como perros rabiosos-perdón por los perros-, cuestionando la venta del gimnasio La Choca, cuyos recursos económicos obtenidos serán utilizados para el proyecto Villahermosa 2030.
Con la venta del predio donde está asentado el gimnasio La Choca, han salido a relucir otras irregularidades, como el hecho de que al cercar el inmueble para delimitar la propiedad, en una parte de esa área se encontraba asentado lo que se llama La Antojería Food Park, donde funcionaban diversos negocios que ofrecían sus productos al público diariamente, pero que indebidamente era arrendado por un particular, aun cuando la propiedad era del gobierno, es decir, este particular usufructuaba, arrendando parte de ese inmueble y obteniendo beneficios económicos que no le pertenecía, lo que puede ser motivo de denuncia penal o mercantil para que esa persona reintegre a la hacienda estatal la utilidad de arrendamiento que obtuvo durante varios años que se comenta es alrededor de veinte millones de pesos al alquilar a los comerciantes cada espacio en seis mil pesos mensuales, habiendo cerca de 40 comercios ahí establecidos.
El desalojo de La Antojería, intentó ser otra bandera política de los detractores que ante cada acción que realiza el actual gobierno, buscan desacreditarlo, alegando que se estaba atentando en contra de la economía y propiciando el desempleo al cerrar, supuestamente en forma indebida este centro comercial, pero cuando sale a la luz pública que el empresario Edén Caraveo Carvalho, cuyo extinto padre Edén Caraveo, fundó los restaurante La Jangada, El Edén, y el Rodizio, y lo venía arrendando en forma particular desde 2019, justo cuando comenzó el gobierno de Adán Augusto López Hernández, las cosas cambiaron, pues ya se supo que un particular arrendaba una propiedad de gobierno, obteniendo beneficios económicos iguales, que debe de ser reclamado su devolución por este gobierno.
Mientras el diputado federal, Erubiel Alonso, en forma oportunista arribó al lugar donde se ubica La Antojería Food Park, para acusar al gobierno estatal de estarlos desalojando en forma indebida, que atentaba en contra de la economía de los empresarios ahí asentados, y que en vez de incentivar los empleos contribuía al desempleo, exigiendo les dieran seis meses para quedarse en en lugar y recuperar sus inversiones, el gobierno estatal fijo su postura, señalando que: “la responsabilidad jurídica ante empresarios que de buena fe realizaron inversiones y desarrollaron sus actividades comerciales en el lugar corresponde a quienes, sin ser propietarios, ni tener facultades legales para ello, celebraron acuerdos y lucraron con el uso de un inmueble que es propiedad del Estado”, es decir, los comerciantes asentados en La Antojería Food Park, y que fueron desalojados legalmente, no tienen nada que exigirle al gobierno estatal, sino al que le deben de reclamar, al que deben de demandar penal o civilmente es a Edén Caraveo Carvalho, para que repare los daños ocasionados y que indebidamente desde 2019 venía usufructuando económicamente una propiedad que no era de él, sino del gobierno estatal, por lo que el legislador federal, que ya se vio hace acto de presencia en lugares donde hay conflictos y quiere ser mediador, ahora está obligado a exigirle al empresario Caraveo que asuma sus responsabilidades.
También salió a relucir que desde 2019, el empresario Edén Caraveo Carvalho obtuvo un permiso temporal de cuatro mes por parte del Injudet, para hacer uso de una parte de la propiedad, lo que dio pie a la creación de La Antojería, que indebidamente comenzó a arrendar, por lo que el gobierno estatal también hizo las precisiones: “Es importante precisar que la ocupación de los espacios comerciales existentes en el predio, derivó de un permiso de uso temporal que, a la fecha, se encuentra vencido y nunca generó derechos de propiedad, posesión o permanencia, sobre el inmueble. En consecuencia, el Estado de encuentra plenamente facultado para recuperar este bien público”.
La autorización otorgada a Edén Caraveo Carvalho en 2019 por parte del Injudet, establecía un periodo del 20 de febrero al 30 de junio del mismo año, de un área verde ubicada frente al Centro de alto Rendimiento (CARD) para la instalación del parque gastronómico de manera temporal, que no constituía un derecho permanente, pero la permisividad del gobierno de Adán Augusto López que fue proseguido por el gobernador interino Carlos Manuel Merino, permitió que este empresario arrendara a comerciantes un espacio en La Antojería, lo que constituye una ilegalidad que atentó en contra del patrimonio del propio gobierno, al obtener ganancias ilícitas de un bien gubernamental, por lo que habría que ver si las autoridades emprenderán una acción legal en contra de Caraveo Carvalho, quien además, fue notificado con un mes de anticipación que debería desalojar el predio, pero desoyó el aviso, y aun sabiendo que la propiedad no le pertenecía, que el gobierno lo había puesto en venta, aduciendo que tenía permiso del ayuntamiento de Centro, promovió un amparo para evitar el desalojo, pero no le sirvió de nada, con lo que se demuestra que no estaba dispuesto a perder su jugoso negocio a pesar de que ya tenía conocimiento de lo que vendría, lo que indica que este empresario actuó con alevosía, y que además no les avisó a los arrendatarios que serían desalojados.
Lo delicado de este asunto, es que durante años, desde 2019, Edén Caraveo Carvalho tomó como suyo un bien gubernamental para obtener ganancias ilícitas a su favor, lo que habla de la indolencia, de la permisividad, del valemadrismo del gobierno Adancista al tolerar irregularidades que ahora estallaron en este gobierno, al que pretenden echarle la culpa de que está atentando en contra de empresarios, cuando ha quedado claro que fue un particular el que arrendó a comerciantes, una propiedad que es del gobierno, que le causó un daño a la hacienda pública que el gobierno estatal está obligado a exigir la devolución económica hasta con los intereses generados.
De igual forma los comerciantes o empresarios que arrendaron una superficie de terreno en La Antojería, y que construyeron sus locales, invirtieron en comprar todos los utensilios indispensables para el giro comercial que estaban emprendiendo, tendrán que realizar acciones legales en contra del empresario Caraveo, que el día que las autoridades delimitaban el predio, con actitud soberbia, encolerizado, decía que contaba con un amparo para no ser desalojado, y que no fue respetado, y quien a decir de los arrendatarios actuaba como capataz, pues los negocios de comida no podían vender refrescos o jugos, pues el arrendador de La Antojería tenía en exclusiva esa venta, que era un negocio redondo, que ahora ya se le cayó.
OJITOS
La falta de un área de comunicación o de un responsable en la secretaria de Educación Pública de Tabasco, para difundir o aclarar diferencias entre funcionarios de la misma dependencia ha dado paso al pleito que actualmente se vive entre la directora de Educación Especial, María Eugenia Deantes, con la supervisora de la zona 2, María Goreti, por el cambio de sede laboral, se hubiese evitado y todo estaría resuelto.
La supervisora, y los trabajadores de esa zona, acusaron que jamás recibieron notificación para cambiarse de sede laboral, cuando en realidad está comprobado que el martes 7 la supervisora recibió por escrito el cambio de sede, y dejó que su personal se manifestara y fue hasta el viernes 10 de julio cuando les notificó el cambio, lo que propicio todo el desaguisado que se presentó.
También la directora de Educación Especial contribuyó a agrandar el pleito, pues notificó el cambio, y se quedó callada, hasta que estalló el conflicto que se vio obligada a mostrarle a sus superiores, que si se avisó en tiempo y forma. Un asunto casero se transformó en pleito público por la falta de comunicación, por la falta de información. Ojalá corrijan sus irregularidades.
