Reforma electoral: un árbitro más eficiente bajo presión
La nueva reforma electoral impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum brota de una historia reciente de choques con el Instituto Nacional Electoral (INE) y de intentos previos por empujar un rediseño de fondo. La propuesta que López Obrador presentó en 2024 abrió la puerta a la desaparición del INE y a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con la idea de concentrar en un solo órgano todas las elecciones federales y locales, así como consultas y revocaciones. Esa ruta no avanzó entonces, pero dejó un plano arquitectónico que hoy vuelve a usarse, con ajustes, desde Palacio Nacional.
En el centro late una tensión conocida: una parte del oficialismo acusa al INE de haber crecido como burocracia cara y distante, mientras que opositores y especialistas ven en cada intento de reforma un paso más hacia un árbitro bajo sospecha. Reforma electoral: un árbitro más eficiente es, al mismo tiempo, una promesa y una advertencia, dependiendo de quién la lea.
Austeridad, representación y el peso del Plan C
El discurso de la austeridad sostiene gran parte del andamiaje. La iniciativa se apoya en recortes drásticos al financiamiento de partidos, en la reducción del costo de campañas y en el recorte de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Desde el gobierno se insiste en que el país ya no aguanta estructuras sobredimensionadas, que los congresos locales y el federal pueden funcionar con menos curules y que las bolsas públicas para los partidos deben encogerse.
Aquí entra en escena el llamado Plan C, la estrategia de la 4T para usar su fuerza legislativa y cerrar pendientes estructurales que no lograron pasar en años anteriores. Para sus impulsores, la reforma no solo recorta grasa; también corrige un sistema que, dicen, se llenó de intermediarios que viven del voto sin rendir cuentas. Para sus críticos, abre un periodo en el que las minorías podrían quedar arrinconadas, con menos escaños y menos recursos para competir.
Un árbitro más fuerte
El punto más delicado se encuentra en la figura del árbitro. La reconfiguración institucional contempla cambios en la estructura del órgano nacional, en los tribunales electorales y en la forma de nombrar a consejeros y magistrados. La idea de que estos cargos se definan en las urnas suena atractiva a primera vista, pero arrastra un riesgo evidente: campañas de consejeros financiadas por partidos, presiones directas desde gobiernos locales y una línea más delgada entre quien compite y quien pita el partido.
En paralelo, la centralización de funciones en un solo entramado jurisdiccional empuja a los tribunales locales hacia la salida, con el argumento de que esa compactación reduce duplicidades y gastos. El resultado posible es un árbitro con más poder concentrado en una sola cúpula, rodeado por un ruido constante de sospechas sobre su independencia.
Lo que se juega en las próximas elecciones
La reforma no se discute en el vacío. Llega en un país con índices altos de violencia, con territorios donde las campañas se mueven entre amenazas y silencios, y con un Congreso donde el bloque oficialista llega con la fuerza suficiente para inclinar la balanza. Organismos empresariales y colectivos ciudadanos han advertido que mover al mismo tiempo el financiamiento, la representación y la estructura del árbitro puede desajustar el sistema justo antes de nuevos procesos electorales.
Lo que se decida marcará cómo se contará cada voto durante la próxima década y qué tan creíble se verá el resultado cuando se anuncien ganadores y perdedores.
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