Ciudad de México, 8 de agosto de 2026.- Guadalupe Hernández Hinojosa, identificada judicialmente como Guadalupe “N”, fue detenida la mañana de este sábado en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La mujer se desempeñaba como apoderada legal y directora general ejecutiva de Ingemar S.A. de C.V., la empresa señalada como eje operativo de una red de contrabando de hidrocarburos conocida como “huachicol fiscal” y vinculada al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La aprehensión estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ejecutaron una orden judicial solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Hernández Hinojosa quedó a disposición de la autoridad judicial que la requirió por los presuntos delitos de contrabando y delincuencia organizada. Con esta captura, la cifra de personas detenidas dentro de esta causa asciende a nueve, ocho de las cuales ya fueron formalmente vinculadas a proceso penal.
Quién es Guadalupe Hernández Hinojosa y su papel en Ingemar
De acuerdo con información recabada durante la investigación, Hernández Hinojosa nació el 9 de agosto de 1988 en el estado de Hidalgo y es licenciada en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Antes de integrarse a Ingemar trabajó en el área contable de una tienda de ropa, y su ingreso a la empresa como personal administrativo de nivel medio ocurrió hace aproximadamente dos años, un perfil que contrasta con las amplias facultades legales que terminó ejerciendo al frente de la compañía.
Ingemar la nombró directora general ejecutiva y apoderada legal en marzo de 2026, formalización que quedó registrada ante notario el 6 de marzo con el folio mercantil electrónico N-2018080257, mediante el mecanismo de inscripción vía web inmediata ante el Registro Público de Comercio. El poder otorgado le permitía firmar documentos públicos y privados, celebrar contratos, abrir cuentas bancarias, emitir títulos de crédito como cheques y pagarés, y representar a la sociedad ante autoridades civiles, fiscales, judiciales, administrativas, penales y laborales, incluida la propia FGR y las fiscalías estatales.
El nombramiento de marzo: ¿un relevo para deslindar responsabilidades?
Ese cambio en la representación legal de Ingemar ocurrió meses después del decomiso que dio origen a la indagatoria, un dato que llamó la atención de la autoridad. De acuerdo con lo documentado en el expediente, la Fiscalía analiza si el otorgamiento de poderes a una persona de menor rango dentro de la estructura corporativa respondió a un intento de los socios de la empresa por colocar a alguien que asumiera formalmente la representación legal —una figura conocida coloquialmente como “chivo expiatorio” o testaferro— mientras los principales accionistas enfrentaban o evadían a la justicia. La investigación sobre este relevo corporativo se suma a las líneas que ya seguía la FGR sobre el resto de la operación financiera y logística de la empresa.
Ingemar y el origen del caso de huachicol fiscal
Ingemar S.A. de C.V. se constituyó en 2018. Ernesto Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 con el Partido Acción Nacional, se incorporó a la empresa como accionista y secretario del Consejo de Administración alrededor de 2021. La Fiscalía lo señala como una de las cabezas de la estructura societaria, con intervención directa en decisiones corporativas, el otorgamiento de poderes y distintas operaciones de la firma. Entre otras figuras vinculadas al caso se encuentran José Merino Valdés Cuervo, señalado como socio fundador y mayoritario de la compañía; Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez, este último con el cargo de secretario del Consejo de Administración; así como apoderados previos o paralelos como Gustavo Sánchez Jiménez y José Luis Rangel Martínez.
Detienen a apoderada de empresa de Ruffo Appel
El origen de la indagatoria se remonta a julio de 2025, cuando autoridades federales decomisaron en Coahuila, principalmente en el municipio de Ramos Arizpe, alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburos transportados en más de un centenar de ferrotanques, uno de los mayores aseguramientos de este tipo registrados en el país. A partir de ese hallazgo, la FGR reconstruyó un esquema que habría operado durante varios años: se importaba gasolina y diésel desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y se declaraba ante las aduanas mexicanas un volumen muy inferior al realmente transportado, o se etiquetaba el combustible como otro tipo de producto, como aceite quemado o residuos, para evadir el pago de impuestos como el IEPS y el IVA.
La autoridad estima que el daño causado a la hacienda pública supera los 4 mil millones de pesos solo en los periodos considerados clave para la investigación. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la red operó al menos once empresas distintas —con Ingemar como eje central, junto con firmas como Servicios Aduanales JR, Logística Ferroviaria Fargo e Internacional de Fundentes—, además de agentes aduanales y esquemas de triangulación financiera para mover los recursos generados por el contrabando.
Ruffo Appel y los detenidos previos en la causa
La detención de Hernández Hinojosa se da casi un mes después de que, el 16 de julio de 2026, autoridades capturaran a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, junto con Ricardo Thompson Navarro. Ruffo, de 74 años, se le vinculó a proceso y un juez le impuso prisión preventiva oficiosa, medida que cumple actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, en el Estado de México.
A ellos se suman otros detenidos y vinculados a la causa, entre agentes aduanales como Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, así como accionistas de empresas relacionadas con la red, como Adriana Magali Bárcenas Guillén, de Logística Ferroviaria Fargo. La Fiscalía ha rechazado que el caso tenga motivaciones políticas y ha insistido en que se trata de una indagatoria compleja que lleva más de un año de desarrollo, mientras que la defensa de Ruffo ha promovido amparos y ha cuestionado, entre otros aspectos procesales, el cambio de juez que permitió el libramiento de las órdenes de aprehensión.
Cambios en el caso 253/2026
Hasta el corte de este 8 de agosto, la detención de Hernández Hinojosa forma parte de la continuidad de la causa penal identificada con el número 253/2026. La autoridad judicial aún no ha dado a conocer públicamente los detalles de su audiencia de imputación ni las medidas cautelares que podrían dictarse en su contra, más allá de confirmarse que quedó a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía ha señalado que la investigación permanece abierta y que continúan las diligencias para identificar a posibles cómplices adicionales, servidores públicos que pudieran estar relacionados con el esquema, y el resto de la estructura financiera y operativa que sostuvo durante años el tráfico ilegal de combustible hacia distintas regiones del país.
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