La Barra de Abogados de Quintana Roo trabaja en una iniciativa ciudadana para regular la figura de los administradores de condominios en la entidad, luego de que se multiplicaran los reportes de desfalcos, fraudes y desaparición de cuotas de mantenimiento en perjuicio de propietarios. La propuesta, que contempla la certificación obligatoria de los administradores y la creación de un registro único, busca actualizar la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio y será presentada ante el Congreso del Estado en las próximas semanas.
Una respuesta ante el descontrol de asociaciones de administradores
Natalie Monserrat López Gómez, vicepresidenta de la Barra de Abogados de Quintana Roo, explicó que la iniciativa se ha construido en mesas de trabajo conjuntas con la Asociación de Constructores y otras instancias del sector inmobiliario, con el propósito de incorporar propuestas de constructoras, notarías y esquemas de certificación específicos para quienes administran condominios. La abogada detalló que uno de los objetivos centrales es poner orden en la proliferación de asociaciones civiles que actualmente se dedican a esta actividad sin un marco regulatorio unificado, y planteó que debería existir un solo organismo encargado de dar seguimiento a las asambleas de propietarios, en tanto que la decisión final siempre corresponde a los propios condóminos.
El caso MAFE, ejemplo del problema en Playa del Carmen
El impulso a esta iniciativa coincide con uno de los casos de fraude condominal más señalados de los últimos meses en el estado: el de la firma MAFE Administración, en Playa del Carmen, cuyo responsable habría defraudado a por lo menos 24 condominios mediante un esquema de cobros anticipados y proyectos de obra que nunca se concretaron, por un monto que se estima en varios millones de pesos. De acuerdo con reportes periodísticos, el administrador señalado huyó del país a finales de febrero y actualmente enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, mientras cientos de propietarios afectados intentan reconstruir el destino de sus aportaciones, en un caso que además ha derivado en disputas por el acceso a los registros contables digitales de los condominios involucrados.
Cuotas sin fiscalización, el punto débil del sistema
La vicepresidenta de la Barra de Abogados reconoció que la desaparición de administradores con el dinero de las cuotas de mantenimiento se ha convertido en una práctica recurrente en Quintana Roo. Explicó que buena parte del problema radica en que estos recursos suelen depositarse en cuentas personales, sin mecanismos de fiscalización que permitan a los propietarios verificar su uso en tiempo real. A su juicio, la legislación vigente en la materia resulta insuficiente frente a las necesidades actuales del sector inmobiliario y habitacional del estado, lo que deja a los condóminos como los principales afectados cuando un administrador desaparece con los fondos.
Un mercado inmobiliario en expansión y bajo presión
El crecimiento acelerado de los condominios destinados a renta vacacional en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum ha convertido a Quintana Roo en un mercado atractivo tanto para inversionistas como, según advierten los propios abogados, para personas que buscan aprovecharse de ese dinamismo con fines fraudulentos. El fenómeno no es exclusivo de la administración de condominios: especialistas del sector legal han señalado en meses recientes que los fraudes inmobiliarios representan una proporción significativa de los casos que atienden los despachos jurídicos en la entidad, con denuncias que van desde la suplantación de identidad hasta la falsificación de firmas y documentos notariales en operaciones de compraventa. Ese entorno de vulnerabilidad jurídica es, según la Barra de Abogados, uno de los argumentos centrales para modernizar el marco legal que regula tanto la propiedad en condominio como a quienes la administran.
La iniciativa avanza
La Barra de Abogados de Quintana Roo prevé presentar formalmente su propuesta ante el Congreso del Estado y, de avanzar, buscar impulsar un esquema similar a nivel federal ante el Senado. Entre los ejes que integrarán la iniciativa destacan la certificación obligatoria para ejercer como administrador de condominios, un registro único que concentre a los profesionales autorizados, y mecanismos que den mayor certeza jurídica sobre el manejo de las cuotas de mantenimiento. Con ello, la organización busca profesionalizar una actividad que hoy opera con escasos controles y proteger el patrimonio de miles de propietarios en el sureste mexicano.
