El diputado Jorge Orlando Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Tabasco, se pronunció públicamente sobre la crisis financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), reconociendo que el fondo de pensiones fue “saqueado” y que el organismo se encuentra en quiebra, pero sin señalar en ningún momento a un gobernador o administración específica como responsable del quebranto.
Bracamonte admitió que el trabajador tiene muy claro el tema del fondo de pensiones y jubilaciones: qué es lo que sucedió, cómo lo saquearon, las condiciones en las que se encuentra el Instituto. Sin embargo, calificó el asunto como un tema heredado a la actual administración, ubicando el origen del problema en la reforma realizada durante el sexenio del entonces gobernador Arturo Núñez, que derivó en un recurso de inconstitucionalidad resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a seis artículos y un octavo transitorio de la Ley del ISSET.
El diputado explicó que el Congreso ya modificó los seis artículos conforme a lo solicitado por la Corte, pero que el punto pendiente —el octavo transitorio, vinculado al reconocimiento de un 50% de avance en el fondo al momento de la reforma de Núñez— sigue en análisis, a la espera de un estudio actuarial actualizado que el ISSET tiene la tarea de entregar. Bracamonte adelantó, además, que buscará dejar resuelto el tema antes de solicitar licencia a su cargo en septiembre, cuando Morena publique la convocatoria para la candidatura por el municipio de Centro.
Pese a describir con crudeza el saqueo, Bracamonte omitió señalar responsables. Esto contrasta con declaraciones del propio gobernador Javier May, quien sí señaló explícitamente a los exgobernadores Andrés Granier Melo y Arturo Núñez Jiménez como responsables de retener cuotas a los trabajadores sin enterarlas al instituto, generando un boquete que al cierre de 2025 se calculaba en 4 mil 751 millones de pesos.
La omisión no es menor tratándose del presidente de la Junta de Coordinación Política, el órgano de mayor peso político dentro del Congreso local. Su discurso se limita a hablar de “administraciones pasadas” en abstracto, evitando adjudicar responsabilidad penal o política a actores concretos, incluso cuando reportes periodísticos y la propia Comisión de la Verdad instalada en el Congreso desde noviembre de 2024 han documentado un desfalco superior a 2 mil millones de pesos desde 2007.
El riesgo de que los delitos ya hayan prescrito
Otro elemento revelador de la postura de Bracamonte es su reconocimiento de que el panorama legal es complicado debido a que las autoridades que debían investigar y sancionar no actuaron en su momento, y que el saqueo debió castigarse desde el sexenio anterior. Esta declaración es clave porque, conforme al Código Penal de Tabasco, la pretensión punitiva de los delitos prescribe en un plazo que va de tres a quince años, según la pena aplicable, contado a partir de que se consumó el ilícito o cesó su comisión.
Dado que el esquema de desvío de cuotas habría comenzado desde la administración de Andrés Granier (2007-2012) y continuado con Arturo Núñez (2013-2018), buena parte de esas conductas ya rebasarían los plazos legales para ser perseguidas penalmente, especialmente si no hubo denuncias, investigaciones o interrupciones del término prescriptivo durante más de una década.
El compromiso de Bracamonte de “procurar” dejar resuelto el tema del ISSET antes de pedir licencia en septiembre se centra exclusivamente en el aspecto actuarial y presupuestal —esperar el estudio del instituto, medir el impacto financiero y, eventualmente, gestionar apoyo de la Federación—, sin que en ningún momento condicione esa solución a la determinación de responsabilidades por el desvío histórico de recursos.
Esta desconexión entre el diagnóstico —saqueo, quiebra, cuentas individuales vaciadas— y la propuesta de salida —exclusivamente técnica y presupuestal— sugiere que la “solución” que el diputado busca dejar encaminada antes de dejar el cargo se enfocaría en sostener financieramente al instituto hacia el futuro, no en esclarecer ni reparar el daño ya causado a los 16 mil trabajadores actuales del ISSET, ni en fincar responsabilidades a quienes gobernaron durante los años en que se habría consumado el desvío de fondos.
