El retiro de los locales de La Antojería Food Park, el corredor gastronómico que operó durante casi una década en el predio del Gimnasio La Choca, dejó al descubierto algo más que el desalojo de más de 120 familias: un presunto esquema de evasión fiscal montado sobre un inmueble del gobierno del estado, con pagos en efectivo, empresas fantasma y una red de factureros cuyos nombres ya aparecían en investigaciones periodísticas previas.
La administración de La Antojería obtuvo en 2019 un permiso temporal del Instituto del Deporte y la Juventud del Estado de Tabasco (Injudet) para operar el espacio aledaño al Gimnasio La Choca. Con ese documento en mano, conformó un grupo de locatarios a quienes arrendó parcelas del predio gubernamental sin revelarles que el terreno era propiedad estatal.
Cada comerciante pagaba entre seis y nueve mil pesos mensuales de “derecho de piso”, además de los servicios de agua y energía eléctrica. El esquema generó decenas de millones con el paso de los años durante los siete años de operación. Los locatarios, que invirtieron en locales de material y anuncios luminosos creyendo tratar con el dueño legítimo del terreno, aseguran haber sido víctimas de un fraude.
Lo que agrava el caso es la forma en que habrían operado los cobros: sin facturas regulares, con pagos en efectivo y —de acuerdo con la información aportada por comerciantes— mediante la justificación contable a través de factureros y empresas de papel, en un esquema que presuntamente servía para evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Incluso habrían presionado a los locatarios a firmar recientemente un contrato blindado con cláusulas que lo deslindaban de cualquier reembolso ante un eventual desalojo, señal de que el administrador anticipaba el fin del negocio.
Los socios con historial
El caso no sería un episodio aislado si no fuera por quiénes aparecen vinculados a la operación en la Torre Empresarial de Villahermosa: Alejandro Márquez Rodríguez, conocido como “El Ganso”; Anette Pintado, y Hugo Miguel Vignola Palma.
Alejandro Márquez Rodríguez no es un personaje menor. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo identificaron como uno de los principales operadores de “La Barredora Guinda”, la red de al menos 20 empresas —varias ya clasificadas por el SAT como simuladoras de operaciones— que movilizó más de 2 mil 360 millones de pesos en contratos públicos en Tabasco, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como en dependencias federales como Conagua y Segalmex. “El Ganso” figura como socio, administrador o apoderado en varias de las empresas de esa red y fue acompañante frecuente de Adán Augusto López durante su gira precandidatural.
Hugo Miguel Vignola Palma, por su parte, es identificado como figura central de la estructura empresarial ligada al senador morenista: aparece como socio en Corporación Inmobiliaria Villahermosa, ha recibido contratos directos por decenas de millones de pesos de los gobiernos de Tabasco y Chiapas, y es operador de compañías como Corporativo Logístico Visan, Grupo Operador de Alimentos EHMO y Grupo Sureña, que en conjunto obtuvieron contratos por más de mil 800 millones de pesos en 2023-2024.
Que estos personajes aparezcan hoy como socios en la Torre Empresarial de Villahermosa —la misma donde el piso 15 está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, empresa copropietaria de Adán Augusto López— no es un dato menor para los investigadores que siguen el rastro de la red.
May responde: “ya se terminó”
El gobernador Javier May Rodríguez abordó el tema del Parque La Choca tras el polémico operativo de cierre y, ante los medios, reconoció que el esquema que operó durante años en el predio estatal fue un negocio privado indebido. “Alguien estaba haciendo negocios, pero ya se terminó”, afirmó el mandatario, al tiempo que anunció que se iniciarán investigaciones por posibles delitos fiscales y que su gobierno brindará apoyo para reubicar a los comerciantes afectados, a quienes eximió de toda responsabilidad.
“En Tabasco no se permitirán negocios privados con bienes públicos”, remató May.
El fondo del asunto: patrón reconocido
Lo que ocurrió en La Antojería no es nuevo en la geografía fiscal de Tabasco. El uso de espacios públicos como plataforma para generar ingresos no declarados, facturados a través de empresas sin sustancia económica real, es precisamente el mecanismo que el SAT y diversas investigaciones periodísticas han documentado en la entidad desde al menos 2017. Tres notarías tabasqueñas concentraron el 61% de las empresas fantasma detectadas por la autoridad fiscal en esos años.
La diferencia con el caso de La Choca es que el negocio era visible a simple vista: un food park con más de 30 locales, mesas en el parque, música en vivo y tráfico comercial cotidiano. Lo que nunca fue visible fue el dinero. Y eso, según las propias palabras del gobernador, ya está en manos de los investigadores.
