Al menos una docena de funcionarios electos en México, la mayoría integrantes de Morena, han buscado contacto silencioso con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Así lo reportó The New York Times con base en ocho fuentes que solicitaron reserva de identidad, en una investigación que pone en entredicho la narrativa oficial del partido gobernante y profundiza la crisis de la relación bilateral entre México y Washington.
Entre quienes han dado pasos en esa dirección figuran gobernadores y miembros del Congreso, muchos pertenecientes al partido en el poder, quienes se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos. Según las fuentes, muchos de ellos buscan adelantarse a investigaciones que temen podrían centrarse próximamente en ellos mismos.
La DEA detrás de la ola de cooperación
La Agencia para el Control de Drogas (DEA) tomó la iniciativa al acercarse en privado a funcionarios y autoridades electas para persuadirlos de colaborar, lo que derivó en que varios políticos se ofrecieran como informantes, según indicaron tres fuentes al medio estadounidense. Tanto la DEA como el gobierno mexicano declinaron ofrecer postura pública sobre el asunto.
La ola de cooperación se originó, según el diario, en esa iniciativa de la DEA de contactar discretamente a funcionarios mexicanos con la expectativa de obtener su colaboración.
El detonante inmediato de estos acercamientos fue la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Por primera vez en la historia, Estados Unidos imputó y solicitó la extradición de un gobernador mexicano en funciones y de otros nueve funcionarios o exfuncionarios del estado de Sinaloa, acusados de presunta asociación con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Entre los señalados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el senador de Morena, Enrique Inzunza, entre otros. De los diez acusados, tres exfuncionarios del gobierno de Sinaloa —Gerardo Mérida, Enrique Díaz y Marco Antonio Almanza— ya se entregaron a las autoridades estadounidenses y están siendo investigados.
El documento judicial sostiene que los funcionarios implicados habrían abusado de su autoridad en beneficio del cártel, recibiendo sobornos a cambio de protección, y que algunos elementos policiales incluso habrían participado directamente en secuestros y homicidios de personas sospechosas de colaborar con autoridades de EE.UU.
Informantes de alto perfil: de los Chapitos a los gobernadores
El nuevo grupo de posibles informantes no surge en el vacío. Se suma a una red creciente de colaboradores que ya han ofrecido testimonios valiosos a las autoridades estadounidenses sobre el funcionamiento interno de las organizaciones criminales y sus nexos con el poder político.
Entre quienes ya han proporcionado información se encuentran los principales lugartenientes de los hijos de “El Chapo”, uno de sus pilotos de mayor rango y uno de sus principales asesores. Uno de los ejes centrales de los interrogatorios ha sido determinar cómo los cárteles corrompieron a funcionarios mexicanos.
Además, varios de los 92 integrantes de organizaciones criminales que la presidenta Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos han comenzado a colaborar con las investigaciones, ampliando aún más el caudal de información disponible para los fiscales federales estadounidenses.
Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, consideró que la convergencia entre funcionarios de Morena que ahora cooperan y el numeroso grupo de narcotraficantes bajo custodia estadounidense eleva la probabilidad de que las autoridades de ese país estén preparando casos de gran calado. Estimó que pronto habrá personas de alto nivel que serán formalmente imputadas.
La fractura interna de Morena y la presión sobre Sheinbaum
La revelación coloca a la presidenta Sheinbaum en una posición políticamente delicada. Su gobierno ha convertido el cuestionamiento a las investigaciones estadounidenses en uno de los ejes de su discurso soberanista, calificando las acusaciones como injerencia extranjera.
La postura desafiante de Sheinbaum ha dividido a su gabinete entre funcionarios más pragmáticos que presionan por una mayor cooperación con Washington y colegas de línea más ideológica que señalan que la administración Trump está sentando un precedente peligroso al procesar a un gobernador mexicano en funciones.
El diario también señaló, según sus fuentes, que los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son objetivos de las investigaciones estadounidenses por presunta corrupción.
Si los investigadores estadounidenses logran convencer a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría desencadenarse una cascada de testigos que cooperen y de acusaciones que amenazarían con debilitar al partido gobernante. Después de una serie de derrotas electorales de las izquierdas latinoamericanas, Morena representa el proyecto progresista más importante del continente que aún se mantiene en el poder, fuera de Brasil.
El contexto bilateral y la ofensiva de la DEA
Las revelaciones ocurren en un momento de máxima tensión entre México y Estados Unidos, con la renegociación del T-MEC como telón de fondo y la amenaza latente del gobierno de Trump de aplicar legislación antiterrorista a los casos vinculados a los cárteles mexicanos.
La DEA cerró 2025 reportando el arresto de casi 1,300 integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa, el aseguramiento de 664 armas de fuego, y la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa. La presión sobre el sistema político mexicano, señalan analistas, no hará sino intensificarse.
En febrero de 2025, la administración Trump designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, un estatus que amplía los instrumentos legales disponibles para las fiscalías federales estadounidenses en sus investigaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico.
Derek Maltz sostuvo que la lucha contra los cárteles no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los sustenta, y que cualquier estrategia seria debe incluir investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional.
La pregunta que resuena en los pasillos del poder mexicano es hasta dónde llegará la red de informantes, y qué nombres aparecerán cuando los fiscales del Distrito Sur de Nueva York decidan revelar sus cartas.
