Ciudad de M茅xico, 4 de agosto de 2026.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rubric贸 un decreto orientado a robustecer el principio constitucional de m谩xima publicidad en el manejo de la informaci贸n p煤blica. La medida, expuesta por la secretaria Anticorrupci贸n y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, busca que las dependencias federales divulguen m谩s datos de los que hoy exige la ley, acoten los criterios con que un funcionario puede etiquetar un documento como reservado y agilicen el acceso ciudadano a trav茅s de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sheinbaum firma decreto de transparencia, el texto se integrar谩 al Diario Oficial de la Federaci贸n el mismo martes y, seg煤n anunci贸 la mandataria, sentar谩 las bases de una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci贸n P煤blica que el Ejecutivo remitir谩 al Congreso al arrancar el pr贸ximo periodo ordinario de sesiones.
Sheinbaum firma decreto de transparencia: Los cuatro ejes del decreto de transparencia
Buenrostro explic贸 que la disposici贸n firmada este martes se organiza en cuatro frentes concretos. El primero corresponde a las contrataciones p煤blicas: los contratos y convenios modificatorios que suscriba el Ejecutivo federal dejar谩n de reportarse cada tres meses y pasar谩n a difundirse mensualmente, con la intenci贸n de que la ciudadan铆a siga con mayor puntualidad el destino de las compras y obras gubernamentales.
El segundo eje apunta directamente a las empresas productivas del Estado. De acuerdo con la funcionaria, las filiales de Petr贸leos Mexicanos y de la Comisi贸n Federal de Electricidad tendr谩n que hacer p煤blicos sus estados financieros, los informes que entregan a agencias extranjeras, sus reglas de gobierno corporativo, sus pol铆ticas de operaci贸n y los contratos que firman, incluidas las operaciones que realizan fuera del pa铆s.
El tercer punto se centra en la fiscalizaci贸n: el decreto ordena divulgar el programa anual de auditor铆as, las estad铆sticas correspondientes, el seguimiento a las observaciones detectadas y el listado de los despachos externos designados para revisar el gasto p煤blico. El cuarto eje tiene un car谩cter de invitaci贸n m谩s que de mandato, ya que el Gobierno federal exhort贸 a los estados, los municipios y a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse voluntariamente al principio de m谩xima publicidad y a homologar sus pr谩cticas de transparencia con las que ahora regir谩n a la administraci贸n federal.
Sheinbaum defiende el fin de la discrecionalidad
En su intervenci贸n, la presidenta subray贸 que el prop贸sito central del decreto es retirarle al funcionario p煤blico el margen para decidir, por su propio criterio, qu茅 informaci贸n se entrega y cu谩l se oculta. “Ya no lo dejamos a criterio del servidor p煤blico, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de un director de Pemex, de CFE o de cualquier dependencia; ya hay lineamientos espec铆ficos sobre lo que debe ser transparente y aquello que, por un procedimiento administrativo, judicial o por razones de seguridad nacional, no puede informarse”, se帽al贸, de acuerdo con lo reproducido por la Presidencia de la Rep煤blica en su portal oficial.
Buenrostro precis贸 que las causales de reserva, que actualmente suman alrededor de diecisiete supuestos repartidos entre motivos de inter茅s p煤blico y de seguridad nacional, se simplificar谩n para apegarse de forma m谩s estricta al texto constitucional. Cuando exista informaci贸n que deba mantenerse resguardada por tratarse de asuntos judiciales en curso o de seguridad nacional, la instrucci贸n presidencial es priorizar, siempre que sea posible, la elaboraci贸n de versiones p煤blicas que permitan conocer al menos una parte del contenido. La funcionaria adelant贸 tambi茅n que, en un plazo m谩ximo de treinta d铆as h谩biles, la Plataforma Nacional de Transparencia incorporar谩 nuevos contenidos de inter茅s p煤blico, luego de que en meses recientes el propio Gobierno report贸 haber resuelto fallas t茅cnicas que afectaban su funcionamiento.
El antecedente: la desaparici贸n del INAI
Para entender el alcance del decreto conviene recordar que el sistema mexicano de transparencia atraviesa, desde finales de 2024, una reconfiguraci贸n profunda. En diciembre de ese a帽o el Congreso aprob贸 una reforma constitucional impulsada durante la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador que orden贸 la extinci贸n del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci贸n y Protecci贸n de Datos Personales como organismo aut贸nomo, en el marco de lo que el Gobierno denomin贸 “simplificaci贸n org谩nica” de la administraci贸n p煤blica. Las leyes secundarias derivadas de esa reforma, entre ellas una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci贸n P煤blica, se publicaron el 20 de marzo de 2025, y las funciones que antes correspond铆an al INAI pasaron a un 贸rgano desconcentrado dentro de la Secretar铆a Anticorrupci贸n y Buen Gobierno conocido como Transparencia para el Pueblo.
El Gobierno justific贸 en su momento la desaparici贸n del organismo aut贸nomo argumentando su elevado costo operativo, cercano a mil millones de pesos anuales, adem谩s de fallas recurrentes en sus plataformas digitales y se帽alamientos de corrupci贸n contra algunos de sus comisionados. Sheinbaum ha insistido en distintas ocasiones en que el INAI “no era la mejor instituci贸n del mundo” y ha defendido que la nueva estructura, adscrita al Ejecutivo, puede cumplir la misma funci贸n de manera m谩s eficiente.
Sheinbaum firma decreto de transparencia: la base del Buen Gobierno
Organizaciones civiles especializadas en el derecho de acceso a la informaci贸n, junto con acad茅micos y legisladores de oposici贸n, han documentado por su parte una reducci贸n en el n煤mero de solicitudes de informaci贸n presentadas por la ciudadan铆a tras la desaparici贸n del instituto aut贸nomo, as铆 como un incremento en la proporci贸n de recursos de revisi贸n desechados en las primeras etapas del nuevo esquema. Tambi茅n han advertido sobre la fragmentaci贸n que dej贸 la desaparici贸n de varios institutos de transparencia a nivel local y sobre el riesgo de que temas sensibles, como los relacionados con corrupci贸n, seguridad p煤blica o megaproyectos de infraestructura, queden m谩s expuestos a la opacidad. El decreto firmado este martes se presenta, en ese contexto, como una respuesta del Gobierno federal a ese cuestionamiento, al tiempo que la administraci贸n sostiene que el nuevo modelo institucional resulta m谩s cercano a la ciudadan铆a y menos costoso para el erario.
Qu茅 sigue tras la firma del decreto
En el corto plazo se espera la publicaci贸n formal del decreto en el Diario Oficial de la Federaci贸n, la actualizaci贸n de la Plataforma Nacional de Transparencia dentro del plazo de treinta d铆as h谩biles anunciado por Buenrostro y el arranque de los reportes mensuales sobre contratos p煤blicos. La iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia que el Ejecutivo prepara para el Congreso buscar谩, en un horizonte m谩s amplio, dar permanencia legal a estos lineamientos y explorar su extensi贸n hacia otros niveles de gobierno, en un proceso legislativo donde la mayor铆a oficialista aparece como un factor favorable para su aprobaci贸n.
Entre los elementos a vigilar en los pr贸ximos meses destacan la calidad real de la informaci贸n que se publique, la facilidad con que la ciudadan铆a pueda consultarla, la forma en que se resuelvan los recursos de revisi贸n y el grado de autonom铆a operativa con que trabaje Transparencia para el Pueblo, dado que el nuevo esquema, a diferencia del extinto INAI, opera dentro de la propia estructura del Poder Ejecutivo. Organizaciones de la sociedad civil han se帽alado que seguir谩n dando seguimiento a las tasas de solicitudes atendidas, a los criterios efectivos de reserva y a la calidad de las versiones p煤blicas que se generen a partir de ahora, como medida para contrastar el discurso oficial con los resultados concretos de la nueva pol铆tica de transparencia.
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