La UIF congela cuentas a Rocha y colaboradores en el sistema financiero mexicano
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a bancos, casas de bolsa, centros cambiarios y transmisores de dinero incluir a Rubén Rocha Moya y a otros nueve señalados en la Lista de Personas Bloqueadas. La instrucción, identificada como acuerdo 156/2026 y notificada al sector financiero alrededor del 6 de mayo, suspende operaciones y congela activos de todos los afectados mientras avanza el proceso de extradición abierto en Estados Unidos.
El bloqueo no cayó solo sobre el gobernador con licencia. Varios de sus hijos, entre ellos Rubén Rocha Ruiz, el senador de Morena Enrique Inzunza y el exalcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, quedaron bajo la misma medida. Fuentes del sector bancario confirmaron, sin dar la cara, que el radio se extiende a otros funcionarios y operadores locales registrados como “personas políticamente expuestas de Sinaloa”.
Mecanismo binacional que se dispara solo
El congelamiento opera por un esquema de cooperación entre instituciones financieras de México y Estados Unidos: cuando una corte estadounidense emite cargos formales o solicitudes de detención con fines de extradición, el mecanismo se activa casi de forma automática. En este caso, los cargos provienen del distrito sur de Nueva York y apuntan a presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico masivo de narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos.
La medida no declara culpabilidad. Claudia Sheinbaum subrayó que tiene carácter preventivo y que los afectados conservan su derecho de audiencia, así como los recursos administrativos y judiciales para impugnar el bloqueo.
Lo que Hacienda defiende y lo que queda abierto
La Secretaría de Hacienda sostiene que la UIF actúa para proteger la integridad del sistema financiero nacional. También aclaró que la inclusión en la lista es revisable a partir de resoluciones judiciales o de la propia autoridad financiera. Eso abre un frente de litigio que puede prolongarse meses, incluso si el proceso de extradición avanza en paralelo.
Para el oficialismo, el expediente carga un peso incómodo: un gobernador con licencia y un senador de Morena bajo sanción financiera interna, construida desde un tribunal en Nueva York. Varios analistas leen en esto el esquema que Washington quiere escalar: presión judicial, financiera y mediática sobre actores políticos con presuntos vínculos criminales, con Sinaloa como primer laboratorio visible.
Lo que sigue no está escrito. Los bloqueados tienen abogados. La extradición tiene tiempos. Y la UIF tiene la llave de una lista que, hasta hoy, no deja de crecer.
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