LA PRUEBA DEL ESTADO.
Por: J. L. Amésquita P.
Los cárteles aprendieron a evolucionar, la gran incógnita rumbo al 2027 es si las instituciones mexicanas evolucionaron al mismo ritmo y si pueden demostrar que nadie está por encima de la ley.
No fueron las balas, fueron las palabras las que pusieron a reflexionar al gobierno de Claudia Sheinbaum…Bastó un intercambio de declaraciones entre los mandatarios de México y de EE:UU, para que una vieja sospecha regresara al centro del debate público…La posibilidad de que el crimen organizado intente influir en la vida política de nuestro país…Más allá de los nombres o expedientes que dice tener Estados Unidos en contra de políticos mexicanos, lo verdaderamente interesante es saber si el Estado mexicano tiene la capacidad institucional para impedir que intereses criminales se infiltren en su democracia…Durante décadas el crimen organizado buscó comprar protección, la imagen era conocida por todos, la famosa “charola”…Aquella era una forma rudimentaria de ejercer influencia, pero el crimen organizado aprendió nuevos métodos para ejercer su ilícita actividad…Comprendieron que el negocio más rentable ya consistía únicamente en mover cargamentos, consistía en controlar territorios…Porque quien controla territorio, controla la economía local, controla el miedo, controla el silencio, incluso puede influir en las condiciones bajo las cuales se desarrolla la vida pública…Celebrar la disminución en los homicidios dolosos será una buena noticia, pues cada vida salvada merece reconocerse…Pero la fortaleza de un Estado no puede medirse únicamente por el número de asesinatos, también debe medirse por la libertad de sus ciudadanos…Por eso resulta importante lo que se avecina en el 2027, los partidos hablan de filtros para seleccionar a sus candidatos, de controles internos, de revisiones de antecedentes, de mecanismos para impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas lleguen a ocupar cargos de elección popular…La intensión puede ser la correcta, sin embargo ningún Estado puede descansar su democracia y seguridad exclusivamente en filtros administrativos…Ante estas circunstancias es cuando el intercambio epistolar entre México y Estados Unidos adquiere otra dimensión, porque no sabemos qué información posee nuestro vecino y que información mantiene bajo resguardo la autoridad mexicana…Sin embargo para Estados Unidos la relación entre el crimen organizado, corrupción y seguridad nacional dejó de ser un asunto exclusivamente mexicano…Porque el verdadero problema ya no consiste en preguntar quién tiene razón en esa disputa diplomática, el verdadero problema es por qué ese debate llegó hasta ese punto…La soberanía de un país no se demuestra únicamente rechazando acusaciones provenientes del extranjero, la soberanía se acredita cuando las propias instituciones poseen la capacidad de investigar, sancionar y esclarecer cualquier señalamiento con independencia, profesionalismo y absoluta transparencia…Cuando un Estado demuestra que puede hacerlo por sí mismo, ningún expediente extranjero tiene la capacidad de definir su credibilidad…Esa quizá sea la prueba más difícil que enfrentará México rumbo al 2027, no únicamente evitar que intereses criminales intenten influir en una elección, sino demostrar que sus instituciones poseen la fortaleza suficiente para impedirlo, investigarlo y sancionarlo sin distinguir colores partidistas, apellidos, influencias o jerarquías…Hace muchos años bastaba una “charola” para abrir puertas, el riesgo de nuestro tiempo consiste en que las puertas permanezcan abiertas sin necesidad de mostrar una credencial…Si ese fuera el caso, entonces las elecciones del 2027 no decidirán quién ocupará los cargos públicos, pondrán a prueba la capacidad del Estado mexicano para demostrar que la ley sigue siendo la única credencial válida para ejercer el poder…Y sólo para dejar como reflexión: ¿Qué ocurriría si la información de inteligencia más robusta sobre un aspirante no se encuentra en México, sino en Washington?, una más: ¿Quién vigilará a los vigilantes?…Hasta la próxima.
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