Tiempo de Política

Salvador Fernández Nieto

La extorsión es uno de los delitos que en lugar de disminuir amentó en todo el país, según las estadísticas del Secretariado Nacional de Seguridad que indican un crecimiento del 60 por ciento del 2015 al 2025.
Este delito de alto impacto no ha acompañado en su decremento como sí el caso de los homicidios dolosos, con grave daño a las personas y a los comercios, los objetivos principales de la extorsión por los grupos criminales.
Está en marcha para concluir en diciembre la parte final del proceso de registro de los teléfonos celualares con el nombre de sus propietarios, datos que deberán estar en poder y protegidos por las empresas telefónicas y las autoridades de seguridad solo podrán solicitarlos con una orden judicial.
Esa es la normativa que fundamenta el registro telefónico total en el país, con los celulares que tienen un plan de pospago y los de prepago.
Cuenta la leyenda que de esta forma se sabrá quién es el propietario del celular desde el cual se realizó una llamada de extorsión y fincarle su respectivo proceso de investigación.
Cuando se emite una buena cantidad de las llamadas de extorsión desde las cárceles, la pregunta obligada es: ¿Son los celulares con un propietario anónimo su causa o es la corrupción que permite ejercer esta actividad ilícita a los internos desde los mismos reclusorios, ya no solo universidades de la delincuencia, sino fábricas de delitos a larga distancia? ¿Hay un prepago jurídico para culpar al mensajero?
El riesgo obvio es que las bandas criminales le den la vuelta a la ley, exactamente como ocurre con las armas. En México está prohibida la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, es decir, pistolas de grueso calibre, rifles de asalto, etc.
Sin embargo, el país está inundado de esas armas internadas a través del contrabando, en su mayoría de los Estados Unidos.
Si bien este delito se presenta en todo el país, existen entidades con mayor incidencia:
En 2025, el primer lugar en cuanto a número de delitos de extorsión lo ocupó Morelos, con 20.38 por cada 100,000 habitantes, seguido de Guanajuato (19.50) y la Ciudad de México (18.55). El cuarto sitio correspondió a Colima (18.51) y a Baja California Sur (15.26) el quinto.
Jalisco (10.34 por cada 100,000 habitantes) fue en 2015 el estado donde se cometieron más delitos de extorsión; le siguieron, en estricto orden, Nuevo León (9.67), Estado de México (9.52), Morelos (8.86) y Quintana Roo (7.46).
Por lo que se refiere a número de víctimas, Guanajuato (22.29 por cada 100,000 habitantes) encabezó la lista en 2025; en segundo lugar, se colocó Morelos (20.52), la Ciudad de México (19.09) en tercero; en cuarto, Colima 18.51), seguido de Nuevo León (15.45).
El primer lugar con respecto a número de víctimas por cada 100,000 habitantes correspondió en 2015 a Jalisco (10.87), el segundo a Nuevo León (10.12), el tercero al Estado de México (9.69), el cuarto a Morelos (8.96) y el quinto a Quintana Roo (7.46).
Igualmente, durante el primer año completo (2025) del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el último (2024), también completo de su antecesor y correligionario, la incidencia delictiva por extorsión aumentó 1.2%; pasó de 7.74 a 7.84 por cada 100,000.

TIEMPO FUERA.- ¿Una vez registrado a fin de año el 100% de celulares en sus modalidades de plan de pospago y los de prepago, las autoridades de seguridad y judiciales podrían explicar cómo impedirán que los maleantes metan de contrabando y hasta vendan en Tepito los chips y los aparatos completos traídos de los Estados Unidos, de Centroamérica y de Asia?